SOS Racismo presentó ayer su informe anual sobre la xenofobia en España. Los responsables de la organización también hicieron un análisis de la situación de los inmigrantes en Euskadi, donde este sector de la población representa un 4% de total. El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas del colectivo, que denuncia el cúmulo de complicaciones a las que debe hacer frente cuando buscan piso.

«En los últimos tiempos hemos visto un aumento alarmante del número de denuncias por parte de inmigrantes que sufren discriminaciones en este sentido», desveló el delegado de SOS Racismo en Vizcaya, Diego Jauregi. Se trata de personas cuyos caseros «les ponen trabas para seguir de alquiler» o que «no se lo arriendan por el mero hecho de ser de fuera», advierten desde la organización. Las posibilidades de defensa en casos así no son muchas, «porque les da miedo denunciar». Muchos se ven obligados a recurrir a los llamados ‘pisos patera’.

Las dificultades en el campo de la vivienda repercuten en la integración y sobre todo, en la reagrupación familiar. «Sin un lugar donde vivir y unas condiciones económicas mínimas, no se dan las condiciones para traer a los hijos o al cónyuge», relató Jauregi. La organización reconoció que la sociedad vasca «es un poco más racista», aunque achacan en parte este hecho a los «mensajes alarmistas que lanzan los gobiernos y los medios de comunicación».

Dualidad vasca

No obstante, la plataforma matizó que en Euskadi se da un fenómeno de dualidad ya que aunque la discriminación crece, «también lo hace el nivel de integración y de convivencia». Aún así, los vascos «perciben que hay un número cuatro veces mayor de inmigrantes del que en realidad hay», desvelaron. Recuerdan, además, que aquí las diputaciones no han optado por expulsar a los ilegales.

Otro de los problemas que alarma a SOS Racismo tiene que ver con la situación de los menores. «No se les ve como tales y por tanto no se respetan las normativas internacionales como los Derechos del Niño», denunciaron. Este punto enlaza con las políticas de tutela de los chavales y con «la falta de medios que existe en este campo». «Las fiscalías apuestan por la expulsión y no se ponen en marcha programas de emancipación durante el periodo posterior a su salida de los centros de acogida. Cuando cumplen la edad, se les da la maleta y a la calle», criticó Diego Jauregi.