Después de siete años de debates, los ministros de Justicia de la Unión Europea lograron ayer ponerse de acuerdo sobre una tipificación común de los delitos de racismo y xenofobia, que conducirá a sanciones penales similares para quienes incurran en ellos. Los estados miembros, en cualquier caso, disfrutarán de un amplio margen de interpretación para juzgar estas conductas lo que, en la práctica, puede convertir la decisión de ayer en papel mojado.

El Consejo de la UE asumió un compromiso, que varios socios subordinan aún a trámites nacionales ulteriores, incluidas consultas parlamentarias, como es el caso de los Países Bálticos, Eslovenia y Polonia, según el cual los socios comunitarios deberán imponer penas de prisión de entre 1 y 3 años a quienes practiquen «incitación pública a la violencia o al odio contra un grupo de personas y miembros concretos de ese grupo, definido por la raza, el color de la piel, la religión, la ascendencia y el origen nacional o étnico».

Tales sanciones serán también aplicables a quienes efectúen «apología pública, negación o banalización mayor de los crímenes de genocidio, contra la humanidad y crímenes de guerra, tal y como estos se encuentran definidos en el Estatuto del Tribunal Criminal Internacional (Artículos 6, 7 y 8) que hayan sido cometidos contra un grupo de personas o el miembro de un grupo definido por raza, color, religión, descendencia u origen étnico o nacional, así como los crímenes definidos por el Tribunal de Nuremberg».

Severidad diluida

La severidad de esta decisión marco queda seriamente diluida al permitir la Declaración del Consejo a los estados miembros aplicar las sanciones sólo cuando las conductas punibles sean practicadas «de manera que conduzcan a disturbios del orden público» o cuando tengan lugar de manera «amenazadora, abusiva o insultante».

Por otra parte, la armonización comunitaria de los delitos de racismo y xenofobia no comportará en ningún caso cambios en el respeto de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación, que no se ven restringidos por los acuerdos de ayer. La alambicada redacción del acuerdo, hecho público a media tarde por la secretaría del Consejo, responde a la dificultad de casar las posiciones de países relativamente liberales (Reino Unido, Dinamarca), con las de quienes, como Francia y Alemania, disponen ya de una legislación específica y concreta contra el negacionismo del holocausto.

Como reconocía ayer la ministra alemana y presidenta del Consejo, Brigitte Zypries, el acuerdo ministerial implicará «ampliar el campo» de aplicación de la normativa vigente en el país contra el nacionalsocialismo. Italia, por su parte y como afirmaba también el comisario Frattini, tendrá que modificar su legislación, aunque no en aspectos básicos. El ministro español, Mariano Fernández Bermejo, precisó que la decisión no supondrá cambios «en nuestro Código Penal, que ya reconoce estas condenas».

El acuerdo resultó difícil, además, porque algunos de los nuevos socios de la Unión Europea, en particular los estados bálticos, Polonia y Eslovenia, reclamaban introducir específicamente entre los supuestos contemplados por la decisión marco los crímenes de Stalin y del comunismo en los países del centro y el este de Europa.

La Comisión promoverá un debate público sobre esos hechos, probablemente durante la presidencia eslovena – el primer semestre de 2008 – que se desarrollaría en algún país báltico, como anticipó Frattini en conferencia de prensa.