SOS Racismo ha criticado «la imagen de alarma social» que se ha generado en torno a los menores inmigrantes que deambulan solos por la calle. «La difusión desproporcionada de conflictos puntuales está generando el rechazo en el entorno vecinal de los centros de acogida, terror en las escuelas que los acogen y da lugar a enfrentamientos absurdos», señalaron ayer Agustín Unzurrunzaga y Diego Jáuregui, portavoces de la ONG en Guipúzcoa y Vizcaya. «Esa carga de prejuicios dificulta la labor de educadores y asociaciones que trabajan con los jóvenes».

Aunque no se han producido repatriaciones en ninguno de los dos territorios, las fiscalías correspondientes han promovido la práctica de pruebas radiológicas entre los muchachos de 17 años. Si se constata la mayoría de edad de los chavales son privados de la tutela institucional. «Un día cuentan con el apoyo de la Diputación y, al siguiente, se les deja sin nada, condenados a sobrevivir en la calle porque no hay suficientes plazas en los programas de emancipación destinados a favorecer su inserción sociolaboral».

Estas conclusiones fueron desarrolladas dentro del acto de presentación de su duodécimo informe anual sobre el estado del racismo. Los ponentes también aludieron a la «etnificación» de conflictos que afectan a toda la población. «Se promueve un discurso de saturación cuando lo cierto es que se emplean muy pocos medios», alegan. Los portavoces de SOS Racismo llamaron la atención en este sentido por la falta de locales de acogida de urgencia y residencia, y la necesidad de una mayor inversión en formación que permita reducir las largas listas de espera.

Percepción equivocada

Aunque Euskadi se encuentra entre las tres comunidades autónomas con menor presencia de inmigrantes, ambos aludieron a la recepción del fenómeno como algo mucho más importante. «La población lo percibe con una magnitud cuatro veces superior a la real», indicaron y protestaron también por la «cierta banalización de la discriminación».

Entre los problemas detectados por los colectivos de extranjeros, destacaron la existencia de abusos en los precios de alquiler de viviendas, derivados de actuaciones arbitrarias, y la resistencia de los propietarios a firmar contratos.

El fracaso del sistema de arraigo laboral, recogido en el reglamento de la Ley de Extranjería, fue otro de los apartados más negativos de la exposición, junto al mantenimiento de elevadas cifras de inmigrantes en situación irregular. Asimismo, advirtieron de la frágil condición de aquellos que cuentan con permisos temporales de residencia, susceptibles de explotación y en permanente condición de desigualdad frente a otros trabajadores.

La ambigüedad de los conceptos de vivienda e ‘ingresos suficientes’ exigidos para permitir la reagrupación familiar también provocan disfunciones. Según advierten, las trabas dan lugar a largas separaciones familiares y a una llegada gradual de cónyuges e hijos, que puede originar la aparición de problemas de convivencia.

Jáuregui aludió al limbo jurídico que sufren aquellos sujetos a una procedimiento de expulsión pero sin que la orden se haya ejecutado. «No pueden regularizar su situación aunque reciban ofertas de trabajo y hablamos, por ejemplo, de todos los que pasan por Canarias, Ceuta o Melilla». En su opinión, hay que reivindicar el archivo de los procedimientos no resueltos para impedir que los afectados permanezcan dentro de la economía sumergida durante un período de cinco años, suma del tiempo de prohibición de entrada y de aquel que exige la prescripción de la falta.