El Consejo Vasco de la Abogacía afirmó ayer que la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya se niega desde hace más de un año a documentar a algunos «extranjeros legales». En concreto, esta práctica afecta a ciudadanos extracomunitarios que intentaron acogerse a la normalización de 2005 y, aunque su solicitud fue denegada, interpusieron recursos contencioso – administrativos que han llevado a «sentencias favorables en primera instancia».

Según el Consejo, pese a estas resoluciones, la Subdelegación «se está oponiendo sistemáticamente» a concederles autorizaciones provisionales de residencia y trabajo. Esta «inadmisible» negativa impide a los afectados visitar a sus países y les dificulta trabajar y acceder a una vivienda. Según el órgano, el subdelegado podría afrontar sanciones de hasta 1.502 euros «de persistir la negativa».