Mientras la población en Barcelona aumenta cada año, los ciudadanos con derecho a voto disminuyen. La ciudad ha ganado entre el 2002 y el 2006 78.412 nuevos vecinos, pero ha perdido 73.609 electores. La razón de este fenómeno que amenaza a la lógica democrática es que mientras disminuye la población autóctona con derecho a voto (por la baja natalidad arrastrada desde hace años y el desplazamiento de habitantes a poblaciones cercanas), aumentan los nuevos ciudadanos extranjeros sin derecho a elegir a sus representantes.
Los barceloneses que pueden votar representaban el 81% de la población en el 2002, un porcentaje que cayó al 73% en el 2006. En los últimos 12 meses, la ciudad ha perdido 16.000 electores, según las cifras del censo electoral de febrero.
Pero la exclusión electoral adquiere mayores proporciones en los municipios del área metropolitana con altos índices de inmigrantes. En 2003, 192.402 ciudadanos tenían derecho a voto en L’Hospitalet, una cifra que hoy ha caído a 174.777. En las pasadas municipales, el 78% de la población de esa localidad podía acudir a las urnas, un derecho que hoy se ha reducido al 70% de de sus habitantes.
En Santa Coloma de Gramanet, el municipio con mayor porcentaje de inmigrantes del área metropolitana, podrán elegir al alcalde unos 81.000 ciudadanos, 10.000 menos que hace cuatro años, lo que representa una caída del electorado del 10%.

VOTO EXTRANJERO Ante un esquema que suma cada vez más ciudadanos excluidos en las citas electorales, los partidos políticos reconocen una anomalía ocasionada por la inmigración masiva, pero no logran el consenso para otorgar el derecho al voto de los inmigrantes.
Todos los partidos coinciden en que si se mantiene la actual tendencia de aumento de población y pérdida de electores, podría producirse un serio desajuste democrático. Los grupos del tripartito municipal en Barcelona (PSC, ERC e ICV – EUiA) coinciden en que un inmigrante que resida durante cinco años en la ciudad debe ser reconocido con el derecho al voto.
Los socialistas catalanes creen que es necesario dar más derechos a los extranjeros, pero “con prudencia”. Lidia Santos, secretaria de Inmigració i Justicia del PSC, asegura que, tras reformar algunas leyes, los inmigrantes podrían votar en el 2015.
Imma Mayol, líder del grupo municipal de ICV – EUiA, considera que el actual sistema democrático está “amputado” y que la mitad de los extranjeros con arraigo en la ciudad no pueden manifestarse en las urnas. Jordi Portabella, líder municipal de ERC, juzga injusto que un ciudadano latinoamericano pueda obtener la nacionalidad española (y por tanto el derecho al voto) en solo dos años, mientras que el resto de inmigrantes que no son castellanoparlantes deben esperar 10 años para tener el mismo derecho.
El grupo municipal de CIU opina que los inmigrantes deberán demostrar que aceptan la cultura y las lenguas de Catalunya antes de poder votar, según dice Joaquim Forn, segundo en la lista de CIU en Barcelona. Alberto Fernández Díaz, candidato a la alcaldía por el PP, afirma que el derecho al voto solo debe ser otorgado – – como lo establece la actual legislación – – a quienes obtengan la nacionalidad española o sean europeos.

CONCEJALES POR POBLACIÓN
Los cálculos de concejales en los municipios se efectúan en función de la población residente y no de los votantes, un detalle matemático que dificulta que los partidos muestren especial interés por el voto inmigrante. La Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya, Fasamcat, que reúne a varias entidades de latinoamericanos, cree que el derecho a voto otorgará al colectivo mayor consideración en las decisiones políticas. “Pero antes sería necesario equiparar el derecho de todos los inmigrantes. No es justo que un latinoamericano pueda votar a los dos años de su llegada, y un magrebí tenga que esperar 10 años para el mismo derecho”, explica Laura Rojas, presidenta de la federación.