Hay que pasar de la inmigración impuesta a la inmigración elegida. Es lema de la última ley sobre inmigración aprobada el pasado julio en Francia. Es también la propuesta que Patrick Butor, director de la Población y las Migraciones del Ministerio del Empleo francés, explica en Catalunya, donde realiza una visita oficial de tres días. Uno de los aspectos novedosos de este proyecto es el contrato que se exige a los inmigrantes que quieran legalizarse, que obliga a a un conocimiento mínimo de la lengua francesa.

El permiso de residencia en Francia sólo se concede a aquellos inmigrantes que acceden a participar en una jornada de conocimiento de la historia y las leyes francesas (como la prohibición de llevar velo en la escuela). También se les ofrece otra jornada, ésta con carácter opcional, de explicación sobre los servicios sociales, y un curso de conocimiento del francés, obligatorio para quienes ignoren esta lengua, de 400 horas (tienen seis meses para hacerlo). Este curso, a diferencia de lo que pasa en Holanda o Gran Bretaña, que lo exigen antes de entrar en el país, es gratuito. El borrador de la ley de Acogida de la Generalitat no difiere mucho del modelo francés, como pudo comprobar Oriol Amorós, secretario para la Immigració, que ayer acompañó a Patrick Butor en su visita. Sin embargo, en Catalunya el debate adquiere tintes políticos, porque la Generalitat considera que la lengua que deben aprender es el catalán, si bien con carácter voluntario.

Francia ha sido uno de los países con mayor tradición de inmigrantes (6,5 millones de habitantes han nacido fuera), pero muchos que lo son de segunda generación no se sienten integrados. “El mayor fracaso proviene de esa segunda generación que vive en suburbios y con un fuerte paro. En Toulouse, estos jóvenes no cualificados registran entre un 30 y un 55% de paro”, explica Patrick Butor. El otro gran problema es el urbanismo, los guetos que se crearon como consecuencia de la creación de pisos de protección oficial.

Sin embargo, en los últimos años la llegada de inmigrantes se ha frenado. Desde el año 2000 las cifras de inmigrantes oscilan entre los 90.000 del 2000 y los 135.900 del 2005 sobre una población de 60 millones. En Catalunya, con poco más de 7 millones de habitantes, el año pasado se empadronaron 80.000 inmigrantes, pero en el 2005 fueron 140.417 y en el 2004, 156.058.

En los últimos años, a Francia sólo llegan 10.000 inmigrantes anuales con contrato de trabajo permanente y 10.000 con carácter temporal. El resto entran por reagrupación familiar (unos 20.000) o por matrimonio con franceses, generalmente de segunda generación. Otros 12.000 reciben asilo político. El 70% proceden de África, el 20% de Asia (Turquía, Chechenia y China) y el 10% de América (sobre todo Haití). A principios de los 90 hubo una avalancha de polacos y en los últimos meses ha habido un incremento de los rumanos, con cifras muy inferiores a las de España. A esas cifras deben añadirse los sin papeles. Se calcula que hay unos 200.000 y que llegan unos 50.000 anuales, de los cuales 20.000 son expulsados y otra parte piden asilo o son regularizados.

La ley de Inmigración francesa ha creado un permiso de residencia por tres años, denominado “competencia y talentos”, para extranjeros cualificados (desde futbolistas hasta informáticos), y permite que los 40.000 estudiantes de másters puedan quedarse seis meses más para encontrar trabajo. Es la “inmigración elegida”. Y para quienes critican que sólo se permite la entrada de la crème,Butor, replica que “existe el propósito de impedir que los médicos de países en desarrollo puedan quedarse en Francia, al menos mientras aquí haya numerus clausus”.