«EN LA primera de las dos agresiones me gritaron ‘‘puta negra, fuera de aquí’’», afirma Beauty Solomon. Esta nigeriana, que reside en el Estado español, interpuso la semana pasada, con el apoyo de la organización ‘‘Women´s Link Worldwide’’, un recurso de amparo constitucional ante el tribunal máximo tras ser agredida por la Policía Nacional en varias ocasiones.

Pero para comprender la odisea que sufre esta mujer de origen nigeriano hay que remontarse al comienzo de los hechos, en julio de 2005. Con ocho días de diferencia, fue agredida física y verbalmente en dos ocasiones por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca que requirieron su identificación y le prohibieron, solamente a ella y no a otras mujeres con fenotipo europeo, permanecer en la calle.

«Además de insultarme, la primera vez también me golpearon con la porra. En la segunda ocasión los agentes me llevaron a la Comisaría y allí intentaron que firmara un documento que decía ‘‘resistencia a los agentes de la autoridad’’ a lo cual yo me negué», relata Solomon. La organización que promueve la equidad de género desde el derecho explica que la discriminación por parte de los agentes de policía comenzó con su conducta violenta hacia Beauty Solomon, pero que continuó con la falta de tutela judicial efectiva, «ya que las denuncias ante los Juzgados de Instrucción no procedieron». La abogada Paloma Soria precisa que Solomon interpuso dos denuncias soportadas por partes médicos en relación con las agresiones sufridas.

«Tampoco el recurso de forma presentado ante uno de ellos ni el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca» explica la bogada. «La justicia se limitó a oficiar dos informes de la Jefatura Superior de Policía, ignorando las peticiones presentadas por Beauty Salomon de investigación de los hechos», apuntan desde Women´s Link Worldwide.

El recurso de amparo constitucional se basa en que la actuación de los agentes de la policía vulneran el derecho a la no discriminación por razón de raza, sexo o cualquier otra condición consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en tratados internacionales ratificados por el Estado español. Para Alicia Bolaños, vocal de Derechos Humanos de Médicos del Mundo, el caso «es una muestra de la estigmatización y la discriminación que, en ocasiones, sufre el colectivo de las personas inmigrantes, especialmente la mujeres africanas, doblemente vulnerables».