El Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de 23 inmigrantes asiáticos del barco Marine I que fueron rescatados hace 69 días entre Senegal y Cabo Verde y desembarcados el 12 de febrero en la ciudad mauritana de Nuadibú. El Ejecutivo permanece a la espera de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrezca una solución para devolverlos a sus lugares de origen o para llevarlos a un tercer país.

La presencia permanente de un avión Hércules del Ministerio de Defensa en la pista del aeropuerto de Nuadibú es el símbolo de que la crisis del Marine I que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, definió hace mes y medio en el Congreso como “de enorme calado, una de las mayores que ha tenido el Gobierno” sigue abierta. El aparato está listo para sacar de Mauritania a los últimos sin papeles que viajaban en el barco, en cuanto el Gobierno tenga idea de a dónde llevarlos.

El Marine I se hallaba a la deriva con 369 inmigrantes cuando fue socorrido por una patrullera de Salvamento Marítimo, que lo remolcó hasta el puerto de Nuadibú. Pero las autoridades mauritanas no permitieron el atraque y el desembarco de los sin papeles hasta nueve días más tarde, bajo la condición de que el Gobierno español los sacara del país en un máximo de cuatro horas.

Desde entonces han transcurrido 60 días, trabajosamente ganados, hora a hora, por el embajador de España en Nuakchot, Alejandro Polanco, y el agregado de Interior, Luis Mayandía. En ese tiempo, el Gobierno ha logrado trasladar, poco a poco, a 346 inmigrantes : 35 a Guinea-Conakry, 35 a Canarias, 161 a India y 115 a Pakistán.

En la antigua fábrica del puerto donde todos ellos fueron encerrados nada más desembarcar, continúan detenidos 23. Mantienen un silencio obstinado, que hasta ahora ha impedido a las autoridades averiguar sus países de origen y repatriarlos.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró ayer que “lo más conveniente” es que vuelvan a sus países, “aunque no necesariamente a sus regiones de procedencia”, en donde los inmigrantes dicen que su vida correría peligro. El portavoz afirmó que el ministerio está realizando gestiones con terceros países cuyo nombre no reveló “para no perjudicar las negociaciones” que podrían estar dispuestos a acogerlos. En cualquier caso, aclaró que aún “no se ha tomado una decisión”.

Aunque el acceso de los medios de comunicación al puerto está prohibido, las ONG que atienden a los detenidos dan cuenta de las novedades más importantes. El viernes, los inmigrantes iniciaron una huelga de hambre que el agregado de Interior logró desactivar 48 horas más tarde.

La prolongación de la crisis comienza a tener repercusiones. Ayer, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso bajo el argumento de que la Administración ha vulnerado los derechos de los detenidos, ya que éstos se hallan “bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo no se les aplica la legislación de nuestro país”.