WASHINGTON – Casi un año después de que intensificara la seguridad de la
frontera sur de EE UU con el envío de 6.000 miembros de la Guardia
Nacional, el presidente George W. Bush volvió ayer a pisar el desierto de
Arizona para relanzar la reforma del sistema inmigratorio.
   Desde la
última visita del mandatario, algunas ideas a debate para acabar con la
inmigración ilegal parecen haberse endurecido. El nuevo plan de
trabajadores – huéspedes de la Casa Blanca permite a los indocumentados
obtener visas renovables de manera indefinida. Sin embargo, para lograr la
residencia permanente en EE UU tendrían que volver a sus países de origen
y pagar una multa de 10.000 dólares. Esta iniciativa ha sido criticada por
los grupos pro derechos de los inmigrantes ya que, entre otras cosas, no
permite a los trabajadores traer a sus familias a suelo estadounidense.
   Los republicanos más conservadores, por su parte, siguen rechazando la
propuesta por considerarla una amnistía para los «sin papeles». Para
tenderles una mano, Bush quiere volver a poner el acento en la seguridad
fronteriza, donde ha habido signos de que el muro ha frenado la entrada de
inmigrantes ilegales en los últimos meses. Bush defendió su proyecto de
cercar la frontera, al señalar que la inmigración «ha estado creciendo
durante décadas y los esfuerzos el pasado para responder a este problema
han fracasado».
   Los arrestos de indocumentados realizados por
la Patrulla Fronteriza en el sector de Yuma que visitó ayer el mandatario
han bajado un 68 por ciento, según datos aportados por la Casa Blanca, o
un 30 por ciento, según informó el diario «The Arizona Republic».
   Sin consenso
   Un Congreso de mayoría demócrata
favorece, a primera vista, la aprobación de una reforma al sistema
inmigratorio norteamericano. Sin embargo, y pese a que algunas ideas de
Bush se acercan a las de la oposición, los expertos dudan de que EE UU
vaya a producir una ley antes de que la Casa Blanca cambie de dueño.
   Mientras que el Senado está dispuesto a debatir el proyecto, en la Cámara
de Representantes ni demócratas ni republicanos quieren comulgar con el
presidente Bush, cuya popularidad está en picada por la Guerra de Irak.
   Mientras tanto, en la calle, las manifestaciones que reunieron el año
pasado a cientos de miles de personas han perdido el ímpetu que tuvieron.