PEDRO RODRÍGUEZ CORRESPONSAL

WASHINGTON. El presidente de EE.UU.,George W. Bush ha utilizado ayer el sector fronterizo de Yuma, Arizona, como tribuna para relanzar su paralizada reforma de inmigración. Una iniciativa legislativa hasta ahora bloqueada no tanto por la oposición del Partido Demócrata sino por los propios correligionarios de la Casa Blanca, empeñados en rechazar cualquier posible amnistía que recompense a los doce millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

La propia «Speaker» de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha advertido que para aprobar esta buscada reforma no es suficiente con los deseos de la Casa Blanca y las ajustadas mayorías actuales del Partido Demócrata en el Congreso.

Insistiendo en que el presidente Bush debe superar primero la enorme reticencia entre los republicanos y algunos demócratas conservadores antes de proceder con esta asignatura pendiente para resolver el estatus de los millones de «sin papeles» acumulados desde la gran amnistía concedida durante la Administración Reagan.

Visados con multa

Para impulsar esta reforma, la Administración Bush insiste en combinar medidas duras, sobre todo en cuanto al control de la porosa frontera con México, con algunas posibilidades de regularización. En su visita a Yuma, el presidente ha destacado el efecto disuasorio de las multiplicadas medidas de seguridad fronteriza adoptadas durante su mandato, con descensos apreciables en detenciones. Insistiendo al mismo tiempo en la necesidad de, por lo menos, facilitar visados temporales de trabajo.

El plan propuesto por la Casa Blanca insiste en facilitar visados siempre que se paguen costosas multas. Contemplándose permisos de trabajo renovables cada tres años a un coste de 3.500 dólares. Para optar a una «tarjeta verde», o residencia permanente, los indocumentados tendrán que volver a sus países de origen, tramitar su retorno y pagar una multa de 10.000 dólares.

Estas opciones son bastante más duras que el proyecto legislativo bipartidista aprobado el año pasado por el Senado de Estados Unidos. Con todo, la Administración Bush, en su afán por conseguir un éxito legislativo antes del próximo verano, ha indicado que estas ideas restrictivas forman parte de un punto de partida sometido a negociación con el Congreso.

Dentro de estas deliberaciones, la Administración Bush también está insistiendo en la necesidad de aplicar la legislación doméstica que prohíbe contratar trabajadores indocumentados. Durante los últimos meses, las autoridades federales están realizando grandes redadas en empresas por todo el país que se benefician de esta mano de obra barata. La combinación de acciones en la frontera con México y en el frente empresarial estaría consiguiendo poner un cierto freno al flujo de inmigrantes indocumentados, hasta el punto de apreciarse un cierto aumento en los sueldos pagados para los trabajos más básicos.