El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha instado al Congreso de su país a que apruebe este año una nueva legislación en materia de inmigración que cuente con el consenso de la cámara y que incluya planes para trabajadores temporales.

Durante una visita a la ciudad de Yuma, una desértica ciudad de Arizona cercana a la frontera con México, Bush ha dicho que la inmigración ilegal “ha crecido durante décadas, y los esfuerzos del pasado para responder al problema han fracasado”.

La reforma migratoria, sobre la que el Congreso comenzará a trabajar a mediados de mayo próximo, “es un asunto de interés nacional, y es un asunto del que estoy profundamente convencido”, ha agregado Bush, que ha prometido además promulgarla en cuanto la reciba.

Pero ése es precisamente el reto que afronta el presidente norteamericano, enfrentado al Congreso – de mayoría demócrata – por la guerra en Irak y el despido de ocho fiscales, y con la reticencia de sectores republicanos que ven como una “amnistía” una posible reforma migratoria que permita la legalización de indocumentados.

Las claves de la futura ley

Para evitar los fracasos del pasado, el presidente estadounidense ha apuntado que se requiere una reforma capaz de frenar de verdad la inmigración ilegal, un fenómeno que ejerce fuertes presiones sobre las escuelas, hospitales, cárceles y demás servicios de los gobiernos locales y estatales.

Por ello, ha pedido que la nueva legislación incluya entre sus objetivos la seguridad fronteriza, un programa de trabajadores temporales y reconozca la responsabilidad de las empresas sobre las personas que contraten.

Otro requisito de la nueva ley de inmigración, a juicio de Bush, es que debe ofrecer una solución a los indocumentados que ya residen en EEUU, así como promover la integración social de los inmigrantes.