Justo un año después de que una propuesta para criminalizar a los inmigrantes alentase una gran movilización en Estados Unidos, los hispanos volvieron a tomar el sábado las mismas calles de Los Ángeles para recordar que el movimiento no está muerto. «No vamos a desaparecer hasta que el Congreso legisle responsablemente», anunció Juan José Gutiérrez, del colectivo Latino Movement USA.

Esta vez se quedaron lejos de la avalancha de medio millón de personas que entonces dejó sin habla a un país desacostumbrado a las movilizaciones masivas. Aún así, la Policía estimaba entre 7.000 y 10.000 personas, y los organizadores hasta 15.000, lo que sigue siendo una cifra alta para Estados Unidos y ratifica la promesa de que están dispuestos a luchar.

Si hace un año los convocantes habían pedido que se vistiera de blanco como signo de su voluntad pacífica, esta vez la consigna era el rojo, color predominante de la bandera estadounidense con la que querían ser asociados. La estrategia estuvo reforzada por una profusión de enseñas de barras y estrellas, en sustitución de la mexicana que tanto se vio en «la manifestación de blanco», como la recordaban el sábado los participantes.

«Les ayudará a entender que queremos a Estados Unidos tanto como queremos a nuestras familias», aseguró al diario ‘Los Angeles Times’ Sarah Anda, una joven de 19 años que además de la bandera empujaba un cochecito con su bebé de un año.

El Partido Republicano había vuelto a favorecer la organización de la marcha con una propuesta de ley filtrada días antes que ha enfurecido aún más a la comunidad de inmigrantes por traer el respaldo de la Casa Blanca. En ella, se contempla un tipo de visado ‘Z’ para trabajo temporal que puede ser renovado de forma indefinida. Según explicaron los sindicatos, que ofrecieron su apoyo a los manifestantes, el permiso perfilado en la nueva normativa «esclaviza» al inmigrante a voluntad de su empleador. Además, su renovación costaría 2.600 euros.

Los requisitos contemplados en la propuesta de ley para obtener la famosa ‘green card’ (tarjeta verde), que otorga la residencia legal a los inmigrantes, tampoco han convencido a la comunidad hispana. De acuerdo a las estimaciones de los organizadores, el precio del permiso se dispararía hasta los 15.000 euros, una cifra prohibitiva para los trabajadores de bajos sueldos que conforman el perfil predominante entre los doce millones de inmigrantes ilegales que se calculan en el país.

Regreso al país de origen

Los aspirantes a la ‘green card’, además, tendrían que abandonar su trabajo para regresar a sus países de origen y solicitar la legalización desde allí, sin garantías de que se le conceda. Eso les forzaría a repetir la peligrosa experiencia de cruzar la frontera en manos de los ‘coyotes’ – traficantes de personas – si su petición es denegada.

«Al cobrar tanto, Bush va a resultar mucho más caro que los ’coyotes’», clamó Armando García durante la marcha. El hispano, al igual que muchos de los manifestantes, también cargó contra las últimas redadas que está llevando a cabo el Gobierno republicano por todo el país para detener a inmigrantes ilegales.