El reto más importante al que se enfrenta la sociedad española en los próximos años es el de la integración de los cientos de miles de emigrantes que viven entre nosotros. Una tarea compleja. Y el primer error es considerarlos a todos iguales. Nada más absurdo. No es igual el británico o el alemán que desea jubilarse en España, que el que viene a ahorrar un dinero con el que recomenzar una nueva vida en su propio país, que quien ha venido a quedarse entre nosotros, al menos mientras las circunstancias de su propio país no cambien radicalmente. Y éstas no son todas las diferencias, con ser importantes: las lingüistas, educativas, religiosas, etc., complican tanto la realidad, que vuelve contraproducente el hablar de la emigración como un colectivo con intereses comunes.

Los procesos de integración no son homogéneos. Muchos ni querrán ni tendrán necesidad de integrarse. No buscan formar parte de una nueva comunidad nacional, sino que vienen tras el sol y la playa, o a ahorrar para volver a casa. Pero muchos otros sí desean formar parte a largo plazo de esta vieja nación. Y no se trata de una cuestión sentimental, sino que abren empresas, utilizan los servicios públicos, pagan impuestos, trabajan por cuenta ajena , como cualquier español más. Sin embargo, tenemos con respecto a ellos una diferencia crucial: la ciudadanía.

La mejor herramienta de integración ciudadana es tratar a todos por igual. Tanto desde el punto de vista de los derechos que nos asisten a todos, como desde el de las obligaciones a que tales derechos nos comprometen. Pero, para ello es imprescindible que se reconozca rápida y generosamente la ciudadanía española a todos aquellos que cumplan algunos requisitos mínimos. Un número determinado de años en el país, no tener problemas con la justicia y un conocimiento somero del marco legal y político español podrían estar entre tales condiciones.

Los nacionalistas se han opuesto a esta medida, pues no creen que argelinos, ecuatorianos, polacos, etc., se identifiquen demasiado con las esencias míticas de su pasado imaginario. Y aciertan, claro, pues aquellos que vienen a trabajar a España se muestran dispuestos a moverse por todo el territorio nacional en busca de mejores oportunidades de empleo y promoción social. Ayudan así a resolver uno de los problemas de la fuerza laboral española: su escasa movilidad geográfica. Estas personas serán en su mayoría favorables a un marco legal común que les permita adaptarse rápidamente – a ellos y a sus hijos – a las nuevas regiones de acogida.

Su participación política les convertirá en fuente de votos que provocará que los políticos se ocupen también de sus problemas, lo que contribuirá a desactivar problemas que podrían estallar en el futuro. Pero la carretera es de doble vía: no se trata de que sean sólo sujetos pasivos, sino que algunos de ellos deberán ser elegidos como candidatos en un futuro que esperamos cercano El error es crear cauces de participación específicos para ellos. El objetivo debe ser que estén disponibles para todos los ciudadanos los mecanismos de participación democrática. Sólo así evitaremos guetos y prevendremos la marginalidad.

Una sociedad pierde calidad democrática y vigor moral cuando acepta que una gran proporción de la población que está sometida a las mismas obligaciones legales y fiscales que el resto de los ciudadanos, vea privados sus derechos de participación política, pues es a través de las elecciones libres por las que se expresa una ciudadanía democrática. No podemos negársela a todos aquellos que desean formar parte de esta España ampliada que necesita, más que nunca, superar todos los mitos nacionalistas y vincularse a un proyecto común que supere estas pequeñas diferencias estúpidas y egoístas que están minando la convivencia. Y qué mejor proyecto que construir una nación de ciudadanos, donde lo importante no sean los apellidos ni el origen, sino la voluntad de cumplir las leyes y de promover la justicia y la libertad para todos, vengan de donde vengan y sean quienes sean. De todo esto seguiremos hablando en www.ciudadprogreso.org

Enrique Ujaldón es miembro de Ciudadanos para el Progreso.