Madrid – Los datos cerrados de los que dispone el Gobierno de Rodríguez
Zapatero han consagrado 2006 como ejercicio récord no solamente por el
número de llegada de inmigrantes, sino también por el de traslado de
indocumentados a la Península Ibérica.
   Canarias,
convertida ya en el mayor «punto caliente» de la inmigración irregular que
llega en embarcaciones, se vio obligada a trasladar en 2006 a 22.678
subsaharianos desde sus colapsados centros de internamiento a la
Península. Las comunidades autónomas se encontraron con un número
absolutamente inu – sual de inmigrantes que llamaban a la puerta. Y es que
los que llegaron fueron seis veces más indocumentados que el año anterior,
según el último balance del Gobierno que ha dado a conocer en una
respuesta parlamentaria al senador popular Ignacio Cosidó.
   De
esta manera las cosas, las comunidades autónomas se vieron desbordadas por
un número muy alto de inmigrantes a los que destinar recursos sociales,
entre ellas Madrid, que fue la que acogió a más irregulares de los «vuelos
solidarios». El Gobierno regional, presidido por la dirigente popular
Esperanza Aguirre, se vio obligado a asistir a 14.631 personas, una
cantidad cinco veces mayor que la registrada en 2005, año en que recibió a
2.855.
   En una situación similar se vio Málaga, donde recalaron 3.493
inmigrantes que ya venían de Canarias con una orden de expulsión en el
bolsillo, lo que suponía seis veces más que el año 2005. Y no son los
únicos casos. La experiencia se repitió en Valencia, Murcia y Barcelona,
aunque en proporciones inferiores a Madrid.
   Diez veces más que a
Cataluña
   La consejera de Inmigración, Lucía Figar, se ha
quejado en reiteradas ocasiones de que a la capital llegue el 65 por
ciento de los inmigrantes trasladados a la Península, diez veces más que a
Cataluña sin que el Gobierno destine los fondos necesarios para hacer
frente a la atención que precisan.
   Valencia también se resiente
de la presión migratoria. La consejera valenciana de Bienestar Social,
Alicia de Miguel, cree que «la condición de indocumentado no puede ser una
garantía de protección indefinida por parte de las instituciones públicas
porque los recursos son limitados».
   La consejera valenciana se
ha quejado de que el Gobierno socialista «no cumpla con las comunidades
autónomas a nivel presupuestario. Nosotros apostamos por la emigración,
que consideramos una oportunidad, pero el Gobierno se ha ocupado de
convertirlo en un problema. Su política deficiente está teniendo una
repercusión directa».
   De Miguel cree que «el Ejecutivo no
colabora todo lo que debe y nosotros tenemos que arreglárnoslas con
nuestros presupuestos, que cada vez están más comprometidos». Es más, en
su opinión el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero
«provoca la situación y luego traslada el problema a las comunidades
autónomas».
   La consejera de Trabajo y Política Social de
Murcia, Cristina Rubio, tiene una opinión similar. La fórmula de los
«vuelos solidarios» de traslado de inmigrantes «sólo son una forma de
descargar Canarias y de meter inmigrantes en España y en Europa, porque al
entrar en la Península ya tienen vía libre para ir adonde quieran. «A la
gente se le da una orden de expulsión y, sin embargo, no existe un sistema
informático que controle dónde está cada uno de esos inmigrantes al cabo
de un tiempo. No hay control ni seguimiento de la situación de cada uno»,
expone.
   Y es que, por regla general, los inmigrantes reciben una
primera atención por parte de las ONG o la comunidad autónoma en la que
recala, y al cabo de unos días se marchan con familiares o amigos y están
abocados a la economía sumergida.
   La Comunidad murciana ha
hecho incluso una estimación de cuál fue el desembolso global que se vio
obligada a acometer por la inmigración en el pasado ejercicio. Según los
cálculos del Ejecutivo murciano, ha gastado en el capítulo de Educación
cerca de 98 millones de euros, en el de Sanidad más de 173 millones, 3
millones en el de Vivienda y en el Área Social más de 15 millones de
euros. «El Gobierno se ampara continuamente en el convenio para Acogida e
integración de personas inmigrantes y refuerzo educativo, que tan sólo
aporta once millones de euros, frente a los 300 millones de euros que
destina el gobierno de Murcia», dice la consejera.
   Imposible de
cumplir
   Si las comunidades autónomas acogieron en 2006 seis veces
más inmigrantes que en 2005, Canarias recibió hasta siete veces más en su
territorio. El año se cerró con la llegada de más de 31.245
indocumentados. El Hierro y Gran Canaria son, por este orden, las islas
que mayor número de «sin papeles» acogieron. La cuestión es que la
práctica totalidad de los trasladados han conseguido su objetivo final de
quedarse en nuestro país. No logran ser identificados para devolverlos a
su lugar de origen, así que son inmigrantes indocumentados con una orden
de expulsión imposible de cumplir.
   Toda esta situación
significa, además, que los «sin papeles» que consiguen un trabajo lo hacen
siempre en la economía sumergida, ya que tener una orden de expulsión
- aunque no se pueda ejecutar – les deja fuera de los cauces legales de la
contratación.