Madrid – Las salas de retornados de los aeropuertos, el lugar a donde van a
parar los viajeros que no llevan el pasaporte en regla, que carecen del
dinero necesario que se exige para entrar como turista, de la reserva
hotelera o, en definitiva, no reúnen los requisitos de entrada al país,
son ahora centro de la crítica policial. De hecho, la Confederación
Española de Policía (CEP) prevé presentar esta semana una denuncia ante la
Delegación del Gobierno en Cataluña basada en un informe en que se alerta
de la gravedad de las situaciones que se están produciendo en estas
estancias «limbo», sobre las que no hay escrita ninguna norma que
determine su regulación.
Tan sólo está estipulado que el
inmigrante puede estar un máximo de 72 horas hasta que la compañía aérea
que le trajo se hace cargo de trasladarse a su lugar de origen pero, ¿qué
ocurre en estas dependencias todo este tiempo? «En cierta ocasión, en la
sala del aeropuerto de El Prat coincidieron una prostituta rumana y unos
magrebíes que, al final, acabaron contratando sus servicios mientras
esperaban el vuelo que les devolvía al país de procedencia», relatan
fuentes policiales.
«¿Si lo hago me quedo?»
El último incidente ocurrió el pasado 23 de marzo, en que dos inmigrantes
hondureñas acusaron falsamente a un policía de tocarles el pecho para así
forzar la apertura de diligencias judiciales y evitar su devolución. El
caso se archivó después de que la juez constatara las verdaderas
intenciones de las inmigrantes tras preguntarles si deseaban ejercer como
acusación particular, a lo que contestaron: «¿Si lo hago me quedo en
España?». La magistrada dio un no por respuesta y las inmigrantes no
aceptaron.
Tan sólo unos días antes, el 12 de marzo, un inmigrante
de Banjul (Gambia) acometió a otro agente y le provocó lesiones en una
pierna consciente de que así se consumaría un delito de atentado contra un
agente de la autoridad, una artimaña para evitar su retorno al tener que
incoarse un procedimiento penal. La misma juez advertía en el auto
judicial de la «falta de regulación respecto a la situación jurídica de
las personas pendientes de retorno que delincan en ese periodo». Además,
hacía hincapié sobre la «grave inseguridad jurídica y la proliferación de
hechos delictivos que podrían producirse con el fin de conseguir acceder
al territorio español.
El informe de la CEP alerta de que «en
la misma sala se mezclan adultos y menores, que deberían estar alojados en
otro recinto donde se respetara la intimidad familiar». A esta
circunstancia se une que «los adultos no pasan ningún control sanitario
previo para acceder a la sala». Y por si esto fuera poco, «al haber
hombres y mujeres juntos existe la posibilidad de intimidación, abusos o
agresiones sexuales».
El sindicato teme que puedan repetirse en
España sucesos como el ocurrido en el aeropuerto de Shiphol (Amsterdam) en
2005, donde un retornado prendió fuego a la sala y provocó la muerte de
once personas. Lo que le parece más grave es que la normativa de
extranjería no haga alusión a las personas foráneas que cometen delitos en
estas 72 horas. Así las cosas, «los agentes no quieren hacer retornos en
frontera, porque supone un problema», exponen fuentes policiales.
El portavoz de la CEP, Rodrigo Gavilán, lamentó la falta de regulación
de estas dependencias porque «no sabemos si podemos entrar, ni los
horarios de visita ni de comida, no reúnen condiciones de habitabilidad,
no hay cámaras de vigilancia y las que hay no funcionan. En el Reglamento
de Extranjería se han olvidado de regular estas salas».
En
los aeropuertos de Reus y Gerona ni siquiera hay una para retornados, a
pesar de que tienen un flujo de más de tres millones de viajeros cada uno.
Así que, «mientras aguardan el vuelo de retorno se meten en el despacho
del policía y, si van a tomar café, se lo llevan. Toman la comida que le
suministran los agentes en su despacho, encima de su mesa, sentados en su
silla».