arantzazu zabaleta

donostia . Con las celebraciones en Alemania, la presidenta del Consejo de la UE, Angela Merkel, dio por zanjada la crisis en la que estaba inmersa la Unión después de los rechazos de Francia y Holanda al tratado constitucional. Mientras revisan el texto, la declaración de Berlín se reafirmó en las bases de la unión y evitó mencionar asuntos que pueden despertar desavenencias, como la religión.

El Papa Benedicto XVI criticó que en la declaración no se incidiera en el carácter católico de la UE.

La posición del Papa es conocida y no va a variar. La UE siempre se ha basado en unos principios y valores laicos. Hay países que no admiten introducir elementos religiosos y quieren seguir manteniendo la laicidad de Europa, por lo que se mantiene una libertad para todas las confesiones y credos religiosos existentes. No hay por qué recoger eso en una constitución o tratado, llevamos cincuenta años sin hacerlo. La UE se constituye sobre un conjunto de estados miembros laicos y precisamente para salvaguardar el equilibrio de conjunto no hay que introducir esos elementos. Es mejor no abrir eso.

En uno de los aspectos en los que sí se reafirma Europa es en las energías renovables. ¿En qué línea trabaja?

Tenemos que responder a los retos del siglo XXI con nuevas ideas y con la investigación. La presente estructura económica nos hace muy dependientes del exterior, en un 60% en Europa y 80% en España. Tenemos que buscar energías alternativas, mayor eficiencia y ahorros energéticos, porque de ese modo podremos seguir creciendo de una manera sostenible y apostando por las tecnologías del futuro que terminarán imponiéndose en el conjunto del planeta.

¿Qué lugar ocupa la energía nuclear?

En el consejo de primavera por primera vez se hace referencia a la energía nuclear, pero se deja a cada estado miembro plena libertad para decidir qué energy mix desea mantener en su sistema. No obliga a nadie, pero no se lo impide a nadie. Se considera la energía nuclear como un elemento más, pero que no debe imponerse, y menos por la UE.

Una de las nuevas realidades a las que se enfrenta la sociedad europea es la inmigración. ¿Cómo se puede hacer frente a ese fenómeno?

La inmigración es un hecho nuevo para la UE y se ha introducido financiación comunitaria en las nuevas perspectivas financieras que entraron en vigor en enero. Existen ya mecanismos para contribuir desde la UE a las diferentes actuaciones. Lo que vamos a buscar es que esas partidas vayan creciendo a medida que las necesidades también lo hagan. Queremos desarrollar una política migratoria sobre la base del tratado constitucional, pero también queremos desarrollar otra fuera de Europa, en el marco de la política de vecindad, en la política bilateral, con los países africanos y otros continentes, siempre a medida que vaya surgiendo la necesidad.

El Estado español es uno de los que más de cerca sufre el problema.

La inmigración es el último gran reto que ha asumido la sociedad, difícilmente comprensible desde otro lugar europeo: casi cinco millones de inmigrantes en apenas seis años. Nadie entiende cómo hemos sido capaces de asimilarlo, pero lo que antes era una sociedad cerrada, ahora está abierta a los cambios, ha habido un cambio generacional. El proceso de cambio político, económico y social ha hecho que haya una gran capacidad de adaptarse a los cambios y la integración en la UE ha servido como catalizador. Siempre he dicho que tan importante como los fondos estructurales, ha sido poder aplicar las mismas reglas que se aplican a los otros: nos ha puesto en igualdad de condiciones a la hora de funcionar como una sociedad.

¿Cómo ve esa sociedad a Europa? ¿Los ciudadanos se sienten europeos?

Ha habido un proceso, hemos perdido los complejos. Los ciudadanos cada vez se parecen más a los de los países europeos, también a los más desarrollados, a la Europa de los diez. En España ha habido un desarrollo económico muy importante, una transformación social que hace que sea percibida como una de las sociedades más dinámicas, con una gran energía y capacidad de hacer cosas, un país que se ha transformado viéndose en Europa. Las sociedades de los países del Este que se han integrado en la UE ven a España como modelo al que quieren emular.

¿Qué papel juegan ahí las comunidades autónomas?

Gracias al sistema autonómico, España tiene capacidad para descentralizar tanto la toma de decisiones como, sobre todo, su aplicación, y esa inmediatez explica el auge del crecimiento. El estado actúa como coordinador y portavoz ante las instituciones comunitarias, pero se ve reforzado con la acción de las comunidades autónomas, que se desplazan constantemente a Bruselas para explicar sus problemas. El modelo se desarrolla de manera coordinada y natural, eso es beneficioso. Si incurrimos en contradicciones internas, eso es la excepción, no la regla. La mano de Madrid ya no tiene que alcanzar cada punto de la península. España tiene que actuar como estado miembro, con una sola voz, pero no tiene por qué ser la voz de Madrid.

¿Cómo puede esa voz defender al resto de lenguas oficiales del Estado?

Hemos conseguido que un ministro pueda hablar en el Consejo o en el Parlamento Europeo en su idioma. Ha ocurrido ya en catalán. Los textos se traducen y los ciudadanos también pueden hacer peticiones en su lengua. Lo que no se puede hacer es que las instituciones comunitarias trabajen en esa lengua, pero un ciudadano se puede dirigir a Bruselas en euskera perfectamente y recibirá su respuesta en euskera. A través de unos acuerdos bilaterales que hemos negociado, la UE sí garantiza la comunicación en euskera.