Con la llegada del crucero Sinfonía a los puertos de Cádiz, Tenerife y Valencia se han reproducido unas imágenes que todos tenemos en la memoria y que nos hacen pensar, por ejemplo, en películas como América, América o en tantos otros filmes en los que cientos de emigrados viajaban en las bodegas de un barco, bajo duras condiciones, para acabar atracando en el paraíso por ellos soñado. La gran diferencia es que estos 82 bolivianos no son polizones ni han cruzado el Atlántico embutidos en pateras, sino que han pagado hasta 3.000 euros por un billete para disfrutar del trayecto, como los turistas que les acompañaban en la travesía desde Fortaleza (Brasil) a España.
Mientras unos paseaban por restaurantes y bares, o se relajaban en piscinas, yacusis y gimnasios, los otros – – los ciudadanos bolivianos enrolados en esta singular aventura – – se encerraban en sus camarotes con la única finalidad de ver tierra española y abrazarse con sus familiares. Al final, las autoridades de inmigración han impedido tal reencuentro, porque sospechaban de su condición de “turistas” y temían que, por la inusitada vía del lujo, se adentraran en territorio europeo sin los correspondientes permisos.
Juegan, en esta historia, al menos dos factores. La creciente implicación de España en su condición de vigilante de las fronteras comunitarias y la necesidad moral de dar a esos ciudadanos un trato más humanitario, aumentada si se recuerdan las escenas de desgarro emocional vividas en Valencia.
España comunicó a Bolivia que suspendía temporalmente, a partir del próximo domingo, la aplicación del acuerdo según el cual, y desde hace 45 años, se suprimían los visados entre ambos países. El acuerdo podía ser denunciado en virtud de alteraciones del orden público apreciadas por una de las partes. Hoy, esas alteraciones se llaman derecho comunitario y reglamentos de la Comisión Europea, en forma de freno a los inmigrantes irregulares.
A la fidelidad a los principios pactados y desarrollados en el marco europeo tendría que contraponerse la especial sensibilidad con la que España debe afrontar su relación con Hispanoamérica. Compaginar el deber legal con un cierto imperativo moral debería servir para evitar situaciones tan desgraciadas, extrañas y sorprendentes como el frustrado desembarco de esta Sinfonía desafinada en nuestras costas.