Los agentes actúan por iniciativa propia o a instancias de otros departamentos municipales, como Intervención Social césar martín

VITORIA . El esfuerzo multidisciplinar de diferentes departamentos municipales de la capital alavesa ha logrado descubrir en un año fraudes por valor de 1,2 millones de euros en casos de recepción inapropiada de ayudas sociales. Ello sugiere que el celo de la administración local en la concesión de los susodichos subsidios descubrió irregularidades en un 6,8% de los beneficiarios de las referidas subvenciones, ideadas fundamentalmente para ayudar al receptor a sufragar su acceso a una vivienda digna. A los citados se les retiró las mismas, puesto que llegaron a ellas de forma irregular, bien por residir en alojamientos inadecuados, por no vivir en el domicilio indicado, por alquiler encubierto de una VPO, por pernoctar en estancias no salubres o por falsedad en documento, entre otras circunstancias, muchas de ellas susceptibles de constituir casos de pisos patera .

Según explicó a este medio José Antonio Ferreiro, portavoz de la Policía Municipal, en 2005 se puso en marcha en la capital alavesa un protocolo para luchar y restringir las actuaciones irregulares en la recepción de prestaciones sociales – AES y similares – , anomalías que se desarrollan en paralelo a la creciente profusión, cada vez con mayor frecuencia, de los conocidos como pisos patera , hecho que ya denunció recientemente DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA y que ahora confirma la Guardia Urbana. “No es un fenómeno nada nuevo, ya que hace tiempo que se viene detectando esa situación, aunque es cierto que, en los últimos seis años, coincidiendo con el boom de la inmigración, se ha registrado una mayor cuantía de casos”, especifica el responsable policial.

En cualquier caso, lo cierto es que desde mayo de 2005 al mismo mes del pasado ejercicio, los esfuerzos en la detección del fraude en cuestión dieron sus frutos con el descubrimiento de 318 perceptores que se valieron de diferentes triquiñuelas para recibir unas ayudas que, en principio y según la normativa, no les correspondían. Junto a ese colectivo, los servicios asistenciales del Consistorio gasteiztarra denegaron los subsidios en cuestión a 2.287 personas y se los concedieron a otras 4.300 solicitantes.

Desde la portavocía de la Guardia Urbana se hace un “balance positivo” de las referidas líneas de investigación. No en vano, han logrado sacar a la luz en un año una bolsa de fraude de 1,2 millones sobre un presupuesto de 20 millones, que es lo que se destina a ayudas sociales desde el municipio.

El protocolo en cuestión implica la participación interdepartamental de áreas como el Demsac (Departamento Municipal de Salud y Consumo), Padrón, Urbanismo, Policía Municipal, Hacienda y Asesoría Jurídica, entre otros. Con la colaboración de todos ellos “se pretende que los damnificados por los pisos patera o, incluso, por lonjas sin habitabilidad que hacen las veces de vivienda, estén en mejores condiciones”. Y es que, la práctica en cuestión se vale de la necesidad de inmigrantes o vecinos necesitados para facilitarles un lugar de residencia – por muy precario que éste sea – a cambio de un alquiler que se antoja abusivo. No en vano, según confirmó a este diario Federico García, de SOS Racismo, los inquilinos en estas estancias llegan a pagar por un lecho mensualidades que oscilan entre los 250 y los 400 euros.

Con las citadas actuaciones residenciales también se espera conseguir reducir el fraude en materia social, que está íntimamente relacionado con la citada práctica de alojamiento – en un piso pueden llegar a residir hasta dos personas por habitación (incluidas cocina y salón), generalmente inmigrantes o personas muy necesitadas – .

Casos e indagaciones La Policía Local confirma que, en este tipo de situaciones, actúa o por motu proprio o a requerimiento de otros departamentos municipales, como desde Intervención Social, que detectan actuaciones que, a priori, podrían ser potencialmente un fraude. Esas prácticas pueden consistir en que en una vivienda haya un número inusualmente alto de personas empadronadas (más de 10) o que en un piso concreto exista un movimiento anormal de altas y bajas de registrados en el padrón. También a la Policía le han llegado los rumores de situaciones como las descritas por iniciativa de vecinos y testigos. “Todo ello nos da motivos para indagar y descubrir casos en los que nos llegamos a encontrar con 17 personas como empadronadas”, sentencia Ferreiro.

En esos casos, los efectivos policiales requieren la presencia del propietario del inmueble. Si los titulares no pueden justificar que su propiedad está dada de alta como hospedaje (con su correspondiente licencia de actividad e impuestos en regla), "nos vemos forzados a comunicar a Hacienda la situación para que actúe contra dichos individuos por mantener una actividad “sin licencia”.