D. P.

MADRID. El IPC se ha movido en España en los tres últimos años entre el dos y el cuatro por ciento; mientras que el gasto sanitario del sector público se ha incrementado en un constante 10% anual, de seis a ocho puntos por encima del crecimiento general de los precios.

Un estudio presentado ayer por la empresa Saniline – especialista en gestión de compras en el ámbito sanitario – destacaba, entre otras, tres razones para explicar el aumento del gasto: «El incremento de la población (mayoritariamente debido a la inmigración) con una tasa anual media de 1,66%, el envejecimiento generalizado y los errores de gestión».

Cuatro comunidades líderes

En 2006 «el gasto sanitario alcanzó una cifra global de 48.650 millones de euros», un 30% más respecto al 2003. En estos momentos, el gasto medio por persona se sitúa en 1.139 euros, con el pico máximo en la comunidad de La Rioja (1.470) y el mínimo en la Comunidad Valenciana (1.031).

Por comunidades, cuatro de ellas (Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia) agrupan el 55% del presupuesto total, y el 57% de la población; cinco (Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, País Vasco y Canarias) suponen un 27% del presupuesto para un 25,5% de la población y las ocho restantes representan un 16% del presupuesto total, y un 17,5% de la población. La distribución del gasto sanitario público se puede dividir pues en cuatro grandes bloques: personal, que representa cerca de un 48% del gasto total (23.100 millones de euros); compra de bienes y servicios, con un peso aproximado de un 25% (12.100 millones); farmacéutico por receta, con un 22% (10.800 millones); e inversiones, que supone el 4,5% (2.580 millones).

En este sentido, el informe pone de manifiesto que «en el último año el gasto farmacéutico ha crecido por debajo de la media del sector, quedándose en un 5,82% como consecuencia principalmente de la moderación que se inició tras la entrada en vigor del Real Decreto de rebaja del precio de los medicamentos y los programas de uso racional del medicamento iniciado por las diferentes comunidades».

Saniline concluye que el «sistema público sanitario cuenta con una gestión de los procesos de compra deficiente». Ha detectado «que no existe una correlación entre los precios obtenidos por los centros sanitarios y el volumen de compras. Así como «una dispersión de precios que fluctúa hasta un 20% según comunidades».

Y concluye señalando que «sólo con una variación mínima en los precios de un 5%, el ahorro potencial sería de más de 400 millones de euros anuales». Por ello, propone «una gestión eficiente de los procesos de compra».