Una vez más los menores inmigrantes se han convertido en una “patata caliente” para las instituciones públicas. Ayer, el conflicto surgió entre el Gobierno de Asturias y la Diputación de Bizkaia. Según denunció la portavoz del Principado, Ana Rosa Migoya, las Fiscalías de Oviedo y Bizkaia están investigando el presunto envío irregular de varios menores marroquíes desde Bilbao hasta la capital asturiana. Concretamente, los jueces comprueban si, como relataron los jóvenes ante el Fiscal de Menores, el Ejecutivo vizcaino pagó su billete de autobús hasta Oviedo, lo que supondría incumplir la Ley de Protección del Menor.

No obstante, a falta de que los fiscales den a conocer sus conclusiones, la portavoz del Gobierno asturiano se adelantó y lanzó graves acusaciones contra la Diputación vasca. «No nos parece razonable que desde el País Vasco se deriven menores a otras comunidades», acusó Migoya, quien mostró su «malestar» y apostó por que «todos tengamos la misma responsabilidad y compromiso para dar soluciones desde la solidaridad».

Sin embargo, las declaraciones de la responsable asturiana fueron matizadas pronto por su propio Gobierno. La directora del Instituto Asturiano de Atención Social de la Infancia, dependiente del mismo Ejecutivo, restó credibilidad a las manifestaciones de los menores que, al parecer, dieron lugar a la investigación de la Fiscalía.

«No es la primera vez que ocurre algo así», añadieron en la misma línea fuentes del Departamento asturiano de Bienestar Social consultadas por DEIA. De hecho, relataron que también el Gobierno del Principado fue investigado por un asunto similar, como consecuencia de las declaraciones realizadas por varios menores que viajaron a Salamanca. «Nosotros les damos una paga y con ese dinero se compraron el billete, nada más», explican, al tiempo que recuerdan que «no tenemos forma de controlar lo que dicen los chavales ante la Policía o el fiscal».