El Gobierno asturiano ha mostrado su malestar y «preocupación» por el presunto desvío irregular de menores inmigrantes desde centros de acogida de Vizcaya a Oviedo, una supuesta práctica que provocó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía del Principado. Las diligencias se abrieron después de que numerosos adolescentes marroquíes relataran que educadores vizcaínos les habían facilitado billetes de autobús con destino a la capital asturiana. Fuentes del Departamento foral de Acción Social aseguraron que la Fiscalía de Bilbao ha indagado acerca de estos supuestos hechos y «no hay constancia de que hayan ocurrido».

La Diputación «ni practica ni consiente que se den billetes de transporte a menores extranjeros para que se trasladen a otras comunidades», negó categóricamente en un comunicado. Pese a este desmentido, el Gobierno asturiano, por boca de su portavoz, Ana Rosa Migoya, dejó ayer constancia pública de su malestar, dio por ciertos los hechos investigados e incluso anunció la adopción de medidas para combatir estas prácticas.

«Estamos preocupados por una situación que afortunadamente está en manos de la Fiscalía», señaló. «Se va a actuar, porque no nos parece razonable que desde las instituciones del País Vasco sus responsables o los trabajadores deriven menores a otras comunidades», remarcó. E insistió en pedir tanto a Euskadi como al resto de Gobiernos autonómicos «la misma «responsabilidad y el mismo compromiso» que ha demostrado Asturias «para atender en muy buenas condiciones a los inmigrantes».

En la memoria de la Fiscalía de Menores correspondiente a 2006, su titular, Jorge Fernández Caldevila, refleja los hechos que motivaron la apertura de las diligencias. Según detalla en su informe anual, desde el mes de noviembre pasado, el Principado registró la «llegada paulatina» de «más de una treintena de jóvenes indocumentados de procedencia marroquí, que llegaron a saturar el centro de primera acogida de Oviedo a finales de año». El fiscal refleja que, según las pesquisas policiales y las declaraciones de los propios adolescentes, «muchos de ellos, tras haber entrado ilegalmente en España, estuvieron en el País Vasco, desde donde viajaron a Asturias, habiéndoles facilitado el billete desde centros de la comunidad vasca».

Para esclarecer tan «irregular» proceder, Fernández Caldevila promovió la apertura de diligencias informativas. Entretanto, el fiscal deja constancia en su informe de los graves problemas de convivencia causados por los menores, que protagonizaron «varios enfrentamientos con los educadores y los vigilantes». Algunos internos, destaca, mantienen «una actitud de exigencia de recursos y violencia verbal continua» hasta el punto de que el personal educativo» se ve «desbordado».

Coartada habitual

Fuentes del Departamento de Acción Social confirmaron que las investigaciones sirvieron para comprobar que la identidad facilitada por los menores del supuesto educador que les entregó los billetes «no se corresponde con ningún trabajador de ningún centro de Vizcaya». Según indicaron, coartadas de este tipo suelen ser habituales entre los inmigrantes a la hora de ingresar en los centros de acogida. Hace algunos años, un caso parecido se destapó en Barcelona, cuando varios menores aseguraron haber recibido billetes de la Generalitat para desplazarse a Bilbao. En aquel caso, tampoco pudo comprobarse la veracidad de las acusaciones.

«La gran mayoría de los 472 menores llegados el año pasado dijo haber conseguido billetes, o dinero para comprarlos en centros de otras comunidades», aseguraron fuentes forales. Recordaron que, recientemente, cinco adolescentes subsaharianos «fueron embarcados» en un avión a Madrid «desde donde alguien les envió a Bilbao».

En este sentido, la Diputación insiste en que «el problema de los menores extranjeros que se trasladan constantemente de un centro a otro afecta a todas las autonomías». Para afrontar los problemas derivados de la gran movilidad de este colectivo, la institución vizcaína «ha promovido la creación de una comisión en la que participan la Administración del Estado y las comunidades autónomas».

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