Entidades estatales y de la sociedad civil que manejan el tema de la nacionalidad debatieron ayer sobre las políticas migratorias de la República Dominicana, a propósito del proyecto de reforma constitucional que será llevado al Congreso Nacional.

También se refirieron a la posición del Estado dominicano frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que favorece a dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en este país.

En el panel auspiciado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), se discutieron posiciones sobre las figuras del “jus solis” y “jus sanguinis”, que defiende, una la nacionalidad por el sitio de nacimiento y la otra por los vínculos sanguíneos.

Javier Cabreja, de Participación Ciudadana, planteó que en el país existe la necesidad de una política migratoria clara. Retomó el caso de las niñas de ascendencia haitiana para las que la CIDH ordenó una indemnización de 22 mil dólares por parte del Estado dominicano y la regularización de su situación.

“Tenemos una ley de migración que todavía tiene serias limitaciones, no hay un efectivo control de los inmigrantes”, dijo.

“La sentencia de la Corte Interamericana, respecto a la nacionalidad de esas dos niñas y el no cumplimiento por parte del Estado dominicano da lugar a este tipo de denuncias porque, entiendo, es una decisión de una corte que necesariamente tiene que ser respetada”.

El jurista Pelegrín Castillo alegó, empero, que por su alta densidad poblacional, República Dominicana no puede asumir la migración haitiana.

“He mantenido y voy a mantener en el debate que no basta con ser restrictivos con el jus solis, ya hay que dar el paso de eliminarlo”, precisó.

Invitó “a los países que dicen ser solidarios con Haití” a que abran sus fronteras, “como es el caso de Francia y Venezuela, que todavía pueden asumir una migración muy importante”.

Eduardo Jorge Prats, de la Comisión de Juristas para la Reforma de la Constitución, criticó que el país haya decidido no cumplir con la decisión de la CIDH sobre el caso de las menores.

“Me pareció desacertado escoger a Puerto Rico para anunciar que no cumpliríamos la decisión de la corte, cuando tenemos el riesgo de que se puedan maltratar nuestras minorías”, dijo.
El informe Lozano
En el panel se distribuyó un documento del sociólogo Wilfredo Lozano titulado “Nacionalidad, ciudadanía y reforma constitucional en la República Dominicana de principios del siglo XXI”.