EL PASADO SÁBADO, el candidato nacionalista a presiente de Canarias, Paulino Rivero, en la presentación de los candidatos de su formación política, Coalición Canaria, por Tenerife, expuso sin complejos uno de los principales problemas que padece el Archipiélago, una bomba de relojería que nadie quiere desactivar porque es casi un tema tabú: el exceso de población. Y fue valiente al afirmar que al menos él y CC están dispuestos, si gobiernan las Islas a partir de las próximas elecciones, a poner medidas que restrinjan el libre establecimiento de foráneos en Canarias. Dicho así, aunque no sea la primera vez que la idea se lanza al aire, parece una utopía, por lo difícil de su realización, y, desde luego, resulta polémica pues siempre ha provocado el rechazo de otros partidos políticos. Sin embargo, merece la pena abordar de una vez la necesidad de establecer algún control sobre el agobiante crecimiento demográfico que está experimentando esta región debido, en su mayor parte, al aporte de la inmigración, legal e ilegal, y que hace imposible planificar infraestructuras y servicios porque, en pocos años, vuelven a ser insuficientes.

Para que se entienda el alcance del problema, basta con hacer unas sencillas operaciones matemáticas: hállese la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado en Canarias y multiplíquese esa cifra por la superficie del conjunto del país. El resultado es la cifra de habitantes que debería tener España para igualar la densidad demográfica canaria. Y resulta insostenible: más de 300 millones de habitantes.

La otra cara de este problema es cómo encajar las medidas necesarias para limitar el establecimiento de nuevos residentes en Canarias en el ordenamiento jurídico europeo. Pues bien, como decía Paulino Rivero el sábado, ya existen casos en que se practica la excepción, como las islas Feroe o las del Canal, además de Luxemburgo. Es cuestión de convencer a las autoridades de la Unión de que aquí también se corre peligro de un colapso general si sigue llegando gente sin límite porque el territorio y sus recursos son limitados. La carga poblacional que soporta Canarias es tal que las islas, valga la hipérbole, corren peligro de hundirse en el océano.

La actitud de CC al tratar de desactivar esta especie de bomba de tiempo ha sido valiente, pues, aunque sea impopular y políticamente muy incorrecto hablar del asunto, no se puede hacer como el avestruz por más tiempo y esconder la cabeza bajo tierra.

Aunque se tache la idea de limitar la entrada de más personas de fuera en Canarias como demagógica, alguien tenía que dar el paso de asumirla de forma, digamos, oficial, como ha hecho el candidato nacionalista al incluirla dentro de su programa electoral. No se trata de xenofobia, sino de racionalidad. Canarias es España y Europa, y quiere seguir siéndolo, pero también tiene derecho a proteger su frágil territorio y a mantener el nivel de vida del mundo desarrollado. Y para ello hay que empezar ya a tomar medidas, aunque resulten, en principio, impopulares.