En febrero del año 2005, el Gobierno socialista aprobó el Reglamento de la Ley de Extranjería. Ciertos artículos del citado Reglamento, como el 157, apartado número 2, constituyen una auténtica trampa saducea. El citado Reglamento está pensado, efectivamente, para las costas y entradas en pateras, pero no para una frontera como la de Ceuta y Melilla, pues en ningún artículo del Reglamento se contempla que un inmigrante que pretenda cruzar la frontera pueda ser rechazado o repelido por las Fuerzas de Seguridad, y mucho menos se contempla su devolución inmediata a Marruecos. La perversidad con que está redactado el articulado pone contra las cuerdas a los integrantes de la Guardia Civil, que son los encargados de impedir el ingreso de ilegales al territorio nacional. No es necesario poner de relieve que ONGs, sindicatos y asociaciones de todo tipo se acogen a lo estipulado en este Reglamento de la Ley de Extranjería para impedir que los inmigrantes que salten las vallas y sean apresados en suelo español por las Fuerzas de Seguridad sean devueltos inmediatamente a Marruecos. Ni que decir tiene que, tal y como está redactado, este Reglamento constituye una llamada al inmigrante para que intente buscar su oportunidad a este lado de las vallas. Así, Amnistía Internacional (AI), SOS Racismo, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el Foro Social de la Migraciones, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sindicatos de todo pelo y partidos políticos, como IU, etcétera, han puesto el grito en el cielo cada vez que la Guardia Civil rechazaba a los asaltantes o, a veces, los devolvía a Marruecos a través del vallado.

Afortunadamente, en esta ocasión se ha impuesto el sentido común. Así, el Tribunal Supremo ha avalado la devolución de los ‘sin papeles’ que, en el futuro, salten las vallas de Ceuta y Melilla. En tres sentencias, el citado tribunal desestima todos los recursos presentados por varias ONGs y avala, en efecto, la devolución a Marruecos de los inmigrantes que sean detenidos cuando hayan logrado saltar las vallas de Ceuta y Melilla y pisar territorio español. No deja de ser llamativo el hecho de que en marzo de 2003 el citado Alto Tribunal anuló 11 artículos del Reglamento promulgado por el Ejecutivo del anterior Gobierno del PP, por lo que Aznar se vio forzado a reformar la Ley de Extranjería. Si en aquel entonces el Tribunal Supremo hubiera sentenciado a favor del Gobierno popular, tal y como ha fallado en esta ocasión, se hubiera evitado la entrada de miles de ilegales, ya que hubieran sido devueltos inmediatamente a Marruecos. Lamentablemente la sentencia llega algo tarde.

Como no podía ser de otro modo, SOS Racismo ha criticado el fallo del Tribunal Supremo, no sólo porque es contrario a sus intereses, sino porque el Tribunal ha condenado a las ONGs recurrentes, incluida la citada SOS Racismo, a pagar las costas. La mencionada ONG califica la medida de “contradictoria e incoherente” ya que se condena a organizaciones “sin ánimo de lucro y de utilidad pública”. Y, lo más sorprendente, haciendo alarde de una cara dura sin precedentes esas organizaciones solicitan que el Gobierno “realice una lectura positiva de las sentencias del Supremo ejerciendo una interpretación favorable a los intereses de las personas extranjeras”. Esta postura de las ONGs es el colmo del descaro, de la desfachatez y del cinismo. Si ha habido organizaciones que han recurrido a todo tipo de artimañas para evitar que los que ellos llaman ‘sin papeles’ fuesen expulsados, yendo contra los intereses de todos los españoles y de la cohesión del tejido social, esas organizaciones, repito, han sido las ONGs, SOS Racismo entre ellas, por supuesto. Como siempre, la realidad quita o da la razón.