La policía ha clausurado en Málaga un taller clandestino de confección textil en el que explotaban a ciudadanos de nacionalidad china, que pernoctaban en el interior del local. El taller, que carecía de medidas de seguridad, estaba ubicado en un local comercial situado en los bajos de un inmueble del barrio de Huelin. La estancia estaba distribuida en dos plantas, una de ellas utilizada como área de trabajo y donde se encontraban tres dormitorios, y la otra como almacén, con una cocina y varias duchas, según informó la Comisaría Provincial de Policía en un comunicado.

Los agentes desplazados a la zona detectaron que furgonetas de distintas empresas malagueñas de distribución y venta de ropa al por mayor acudían a diario al local, en el que dejaban retales de tela para la confección de nuevas prendas de vestir y se llevaban otras.

Estos policías pudieron constatar que la actividad laboral en el interior del local se extendía las 24 horas del día y los siete días de la semana, sin que los trabajadores lo abandonaran «ni siquiera para dormir». Al parecer, la empresa no contaba con ningún cartel que indicara su existencia y carecía de licencia alguna para el desarrollo de actividades económicas en la capital.

El taller, en el que había 18 máquinas, se encontraba en el sótano; no se podía observar desde el exterior y carecía de cualquier tipo de ventilación y salida de emergencia. Además, existía una «gran maraña» de cables eléctricos al descubierto situados por encima de las cabezas de los operarios, muy cercanos a cantidades importantes de tela, con el riesgo de «incendiarse en cualquier momento».

Identificación

Al parecer, en la zona común del establecimiento se había habilitado una cocina que carecía de infraestructura para ello, ya que los trabajadores cocinaban con butano encima de unas tablas. A consecuencia de esta actuación, la policía detuvo al encargado del taller, L.J., de 31 años, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, e identificó a otras diez personas que trabajaban en el local, todas ellas de origen chino.

Este caso coincide, según los investigadores, con el patrón de explotación de trabajadores seguido por negocios clandestinos chinos de fabricación textil, según el cual los empleados habrían sido introducidos en España por alguna de las mafias que se lucran con el tráfico de personas.

Una vez en nuestro país, son entregados a cambio de dinero a otros ciudadanos chinos con permiso de trabajo y residencia, con quienes los recién llegados contraen una deuda económica que tienen que saldar.

Estos supuestos empresarios se aprovechan de la situación de «extrema necesidad» de los trabajadores, de su desconocimiento de la lengua y de la legislación del país.