LA situación de continuo empeoramiento del déficit exterior que desde 2004 se ha venido observando en España ha terminado por alcanzar la increíble cota del 8,8% del PIB. Su causa no es otra que la fuerte demanda interior. El crecimiento económico español ha precisado más energía por unidad de producto que en épocas anteriores por lo que, a pesar de la relativa caída del precio del crudo, hemos ido incrementando el volumen de importaciones de productos energéticos.

Por otra parte, el aumento de la riqueza de los particulares y el de la producción ha disparado el volumen de importaciones para satisfacer la calidad exigida por las familias y las empresas. De manera que su ritmo de crecimiento ha sido siempre superior al de las exportaciones. Además, junto a la demanda de productos de mayor calidad, se han requerido productos de menor valor añadido importados de India y China para satisfacer sobre todo el consumo de la población de origen inmigrante. Por último, la evolución a la baja de la cotización del dólar y el alza del euro ha venido a recordarnos que hemos pasado a ser un país mucho más abierto a la economía internacional, por lo que de aquí en adelante nos veremos más afectados por la evolución de los mercados de divisas. A todo ello se le añade que la balanza de servicios turísticos continúa siendo negativa por la creciente tendencia de los españoles a viajar a otros países, al tiempo que aumenta la salida de las remesas de los inmigrantes. Es cierto que el déficit exterior es una consecuencia ineludible del proceso de convergencia europeo.

Pero, en cualquier caso, existe un claro retraimiento de la productividad española que impide incrementar nuestras exportaciones. Solucionar este problema es casi imposible si no se enmarca dentro de una reforma global de la economía española. Siendo el motor de la misma la demanda interna, el déficit exterior seguirá existiendo. Y a nadie se le ocurre forzar una desaceleración, aumentando impuestos o restringiendo el acceso al crédito bancario. El único recurso disponible para los poderes públicos es orientar los presupuestos hacia la mejora de la formación de los trabajadores y la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Sólo de esa manera podría lograrse una mayor cuota de mercado exterior.