El fenómeno de la inmigración está llegando también a los colegios e institutos vascos. La escolarización no sólo es un derecho, también un deber hasta que el menor cumple los 16 años. Un extremo que ha hecho variar la fotografía de las aulas vascas, sobre todo públicas, en muchas de las cuales, los estudiantes procedentes de otros países superan el 20% del total. En este contexto, el Parlamento vasco acordó ayer reclamar más recursos, tanto humanos como económicos, para los centros educativos en los que se congregan más alumnos inmigrantes.

Concretamente, con los votos del tripartito (PNV, EA y EB) y el Partido Popular, el pleno de la Cámara de Gasteiz aprobó tener en cuenta «el número de emigrantes y alumnado con necesidades específicas» a la hora de determinar los recursos económicos y la proporción de profesorado de apoyo.

Asimismo, la iniciativa aboga por «profundizar en los comportamientos solidarios e integradores mediante el acompañamiento a los centros educativos y al alumnado que muestre dificultades de aprendizaje, cualquiera que sea su origen y, en consecuencia, a desterrar cualquier perjuicio que impida el desarrollo de una escuela inclusiva».

Además, la enmienda aprobada por el Parlamento exige al Departamento de Educación del Gobierno vasco, dirigido por Tontxu Campos, la elaboración de un plan global para la inclusión del alumnado extranjero. De esta manera, pretenden que «todos los centros sostenidos con fondos públicos incluyan medidas que faciliten la integración escolar efectiva», tales como protocolos de actuación, planes de actuación o formación específica para el profesorado.

No obstante, esta iniciativa echó para atrás una propuesta acordada por el PSE-EE y Aralar, mucho más ambiciosa. De hecho, estas formaciones apostaban por «garantizar que el número de inmigrantes en cada centros sea inferior al 20%», con la finalidad de evitar la “guetización” de la escuela pública.

Para ello, reclamaban al Gobierno vasco encargarse de establecer la proporción de alumnado con necesidad específica que ha de escolarizarse en cada centro, tanto público como concertado. «No se pueden saturar unos centros, mientras hay otros libres», se quejaba en este sentido la parlamentaria del PSE-EE Isabel Celaá. No en vano, según los datos aportados, más del 68% de los estudiantes extranjeros está matriculado en la red pública, frente al 31,81% de la concertada.

Tanto el tripartito como el PP justificaron su rechazo a esta propuesta afirmando que va en contra del «derecho a la libre elección del centro».