El Parlamento vasco debatió ayer si todos los centros educativos de la comunidad que estén financiados con fondos públicos deben tener un cupo mínimo de alumnos inmigrantes en sus aulas, y si hay que fijar otro límite máximo por escuela para evitar la concentración en unas pocas. La propuesta la llevó a la Cámara el PSE y no salió adelante por la oposición de las formaciones del tripartito y el PP. Los socialistas argumentaron que distribuir a los extranjeros permite su integración y evita guetos. Los populares y el Gobierno defendieron que fijar mínimos va en contra del derecho a la elección de centro y aprobaron una enmienda en la que piden a Educación más recursos materiales y docentes para los colegios con mayor porcentaje de extranjeros, además de un nuevo plan de integración para este colectivo.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en que el fuerte crecimiento del número de inmigrantes en centros escolares vascos registrado en los últimos años en el sistema educativo vasco exige nuevas medidas. El plan que diseñó la anterior consejera, Anjeles Iztueta, se ha quedado pequeño. En la actualidad, hay cerca de 14.600 estudiantes extranjeros en las aulas del sistema educativo vasco, cifra que se aproxima al 5% del total de alumnos – en Primaria ya suponen el 6% – . Esos datps muestran que el porcentaje de estudiantes de otros países se ha triplicado en cuatro años y ha aumentado un 20% este último curso respecto del anterior.

Los partidos discreparon en las medidas. La parlamentaria del PSE, Isabel Celaá, planteó la necesidad de distribuir a los inmigrantes de forma equilibrada entre todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, tanto escuelas e institutos como colegios concertados, y establecer un cupo mínimo. En la actualidad, cerca del 68% de estos alumnos extranjeros acuden a escuelas públicas y el 32% a colegios concertados. Celaá reclamó tamién fijar un límite por arriba: que no se supere en ningún caso una proporción superior al 20%. «Es el tope que aconsejan los expertos», detalló.

Este curso, hay más de medio centenar de centros escolares de la comunidad que superan ese porcentaje límite. Los hay hasta con un 70% de inmigración en sus aulas. «Las concentraciones en escuelas no permiten la integración y pueden dar lugar a estallidos de violencia», advirtió Celaá.

Derecho a elegir

Los partidos en el Gobierno y el PP coindieron ayer en sus posturas sobre la forma en la que hay que afrontar la integración. Rechazaron que sea necesario fijar cupos mínimos y máximos de escolarización de extranjeros. «Nos cargaríamos el derecho de las familias a elegir un centro educativo», señaló Idoia Cuadra, representante de EA, partido que dirige la consejería. «Un pueblo como Campezo, que acoge en su escuela a un 30% de inmigrantes… ¿Qué hacemos, les mandamos en un autobús al centro de otro pueblo porque rebasamos el límite?», preguntó. A juicio de la parlamentaria de EA, el ‘handicap’ para lograr una enseñanza de calidad no es la inmigración, sino que tiene que ver más con «las condiciones socioeconómicas» del alumno. «En el colegio inglés, el alemán, el francés, superan un 30% de extranjeros, y no es un problema», añadió. Cuadra señaló que la solución pasa por aplicar programas inclusivos y dotar de recursos tanto materiales como docentes a los centros que escolarizan más extranjeros. Recordó que el Departamento elabora ya un nuevo plan de acogida.

El PP apostó por incentivar a los colegios, dotar de más recursos humanos y materiales a los que acojan a un mayor número de inmigrantes en sus aulas. «Fijar una cuota obligatoria no resuelve nada y no garantiza el derecho de las familias a elegir centro educativo», señaló el popular Iñaki Oyarzabal.