El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) calificó como lamentable la posición planteada por el presidente Fernández, de que la República Dominicana no cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al país por negarles actas de nacimiento a dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana.

Recuerda el SJRM que estas declaraciones fueron emitidas en Puerto Rico, la semana pasada, precisamente donde hay un número importante de hermanos dominicanos y hermanas dominicanas en situación migratoria irregular, porque llegaron a la vecina isla, huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades para su desarrollo en el plano local, y como casi todos los migrantes del mundo, en busca de mejor vida.

En una declaración de prensa firmada por los sacerdotes jesuitas José Nuñez, director nacional, y Regino Martínez y Mario Serrano Marte, directores de las oficinas de Dajabón y Santo Domingo, respectivamente, el SJRM asegura que se puede rastrear el mal manejo que se le ha dado al tema de la sentencia de la CIDH, en innumerables espacios y por distintos funcionarios.

Entre estos casos citaron que en el desarrollo de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en el país, el 4 de junio del 2006, en la sesión del diálogo con la sociedad civil el canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, dijo al mundo que la República Dominicana cumpliría con lo dispuesto en la sentencia Jean y Bosico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agregaron que también es muy vergonzoso que justo en este momento cuando por primera vez en la historia tenemos una jueza en la CIDH, la doctora Radhys Abreu de Polanco, estemos obviando la decisión de este tribunal, al tiempo que se preguntaron ¿por qué presentamos su candidatura si no creemos en el sistema?

De igual manera, afirmaron que es una vergüenza, ya que internacionalmente estaríamos jugando el papel de violadores de derechos humanos y en franco desacato a las ordenes de un tribunal, del cual hemos reconocido su competencia.

“Nos preguntamos, ¿quién está desacreditando el país? Las organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las personas o el estado que los viola sistemáticamente y no respeta los acuerdos que suscribe. ¿Dónde está la responsabilidad y la seriedad que debe caracterizar a los gobernantes de este país? Acaso se imaginan el daño que le hacen a la credibilidad de nuestro estado?”, indicaron.

Para el SJRM la sentencia de la CIDH no es un ataque directo a nuestro país, es un rechazo a una práctica violatoria de los derechos humanos de las personas, es un precedente jurisprudencial en el ámbito a nivel de las Américas, pues, es la primera sentencia en materia de nacionalidad en el sistema interamericano.

“El derecho a la nacionalidad no es una dadiva, es un derecho adquirido y prioritario para el ejercicio de otros derechos, como el acceso a la salud, la educación, la seguridad social”, puntualizaron los sacerdotes jesuitas.

Expresaron que no es posible entender la actual postura del gobierno dominicano , debido a que luego de la sentencia el país pidió una revisión de la misma y la CIDH fue enfática en reiterar su sentencia anterior.

“con esta actitud, el Estado condena a miles de dominicanos y dominicanas a no existir jurídicamente, y a vivir en la pobreza extrema, pues, por la falta de documentación no tendrán acceso a la escuela, a la seguridad social, y otros derechos elementales de las personas”, reiteró el SJRM.