AINHOA DE LAS HERAS a.delasheras@diario-elcorreo.com/BILBAO

La Ley obliga a las empresas de seguridad privada en España a contratar como vigilantes a ciudadanos nacionales de la Unión Europea. «Podemos enviar a un peruano con la Legión a Afganistán y que sufra un ataque y muera como ha pasado, pero, sin embargo, ese mismo inmigrante no podría trabajar en el Carrefour en un control de acceso. No tiene lógica», denunció ayer en Bilbao Eduardo Cavas, secretario general de Aproser, la asociación que agrupa a 18 de las principales compañías privadas de servicios de seguridad, que representan el 75% del mercado.

El principal problema que constriñe al sector en la actualidad es la «falta de personal habilitado», debido entre otros factores a que los engorrosos trámites burocráticos retrasan hasta «seis meses» el período de formación de un vigilante, que consta de 180 horas, más que en cualquier otro país europeo, a excepción de Polonia. «Si hoy, un chico se presenta en Prosegur a pedir trabajo, no podría estar en la calle desempeñando su función hasta septiembre u octubre, y eso no ocurre en la construcción o la hostelería», comparó.

Aproser ha reclamado «abiertamente» una reforma de la legislación que permita a las empresas de seguridad incorporar a inmigrantes para cubrir 20.000 puestos de vigilantes en España, mil de ellos en el País Vasco. El 82% de los contratos son indefinidos. «Podríamos dar trabajo a mil personas en Euskadi», anunció el representante de la patronal.

La Comunidad Autónoma Vasca cuenta con uno de los mayores números de empleados de seguridad privada en España, especialmente de escoltas. Sólo en Euskadi trabajan en el sector cerca de 4.500 vigilantes, de los que 800 ejercen como guardaespaldas, según los datos facilitados ayer por el director general de la empresa vasca Alta Seguridad (ALSE), Jon Ander Elorriaga, y el director de la zona norte de la multinacional Prosegur, Gonzaga Higuero.

El 70% de la tarta lo ocupa el sector privado, y el resto, el público. La Administración, esto es, sedes institucionales del Gobierno vasco o juzgados, el metro o la T-4 en Madrid, representan el 19% del total; los bancos y cajas de ahorro, el 17%; industrias y comercios, un 15%, y las urbanizaciones, el 10%. Cavas recordó que sólo una cuarta parte de los profesionales llevan arma de fuego, y puso dos ejemplos en los que resulta necesario «para responder a una eventual agresión»: «en un polígono industrial en el turno de noche, o al llevar una saca con dinero a un cajero».

«’Seguratas’» en la calle

La asociación presentó ayer en Bilbao el primer estudio sociológico sobre la imagen de los empleados de seguridad. Según la encuesta, el 63% de los vascos se sienten más seguros donde hay vigilantes. Entre los resultados, destaca un dato: la comunidad autónoma es la región española con la percepción más elevada de seguridad ciudadana, 15 puntos por encima de media. Elorriaga e Higuero lo atribuyeron a que Euskadi también ostenta un ratio de policía por habitante más elevado, y los niveles de delincuencia se sitúan por debajo de la media.

Otra reclamación de las empresas de seguridad pasa por disfrutar de un espacio en la calle. La actual normativa les impide pisar la vía pública, salvo excepciones. Aproser propone que pymes y tiendas, por ejemplo, puedan contratar servicios de patrullaje en zonas comerciales con preocupantes niveles de delincuencia, como robos. «No hacemos seguridad ciudadana, pero podemos cooperar. Alguien que acaba de ser asaltado podría recurrir inmediatamente al vigilante», plantea Cavas.

Uno de los objetivos de la encuesta encargada por Aproser reside en mejorar la mala imagen de los «’seguratas’». «Poca gente sabe que los primeros en llegar al andén de Atocha y asistir a las víctimas en el atentado del 11-M, fueron vigilantes de seguridad, porque estaban allí; era su trabajo», recordó.