Con o sin papeles, latinoamericano o subsahariano, hombre o mujer; la búsqueda de un piso se ha convertido en una pesadilla para buena parte de la población inmigrante. La espiral inmobiliaria se ceba con los sectores con inferior poder adquisitivo y en el furgón de cola están buena parte de los trabajadores inmigrantes que, a sus ajustadas rentas (unos 800 euros mensuales de media) ven sumarse los prejuicios de muchos propietarios.

Valencia Acoge denunció esta semana la situación, así como los abusos de propietarios y pseudoagencias inmobiliarias o el drama de los subarriendos. También censuró la falta de programas de ayuda de las distintas administraciones y las pobres condiciones de habitabilidad a las que se ven abocados buena parte de los inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico, el cuidado de los mayores, el campo, la construcción o la hostelería.

- Alquileres que se han disparado de 300 a 600 euros en año y medio. “Ya no quedan pisos por 400 euros”. Julia Checa es la coordinadora del programa de búsqueda de vivienda de Valencia Acoge y sabe de qué habla. “Hace año y medio había casas en condiciones aceptables por 300 euros, ahora esos mismos pisos de tres habitaciones están entre 450 y 600 euros”.

- El timo de los listados de pisos por 400 euros. En el proceso de búsqueda de casa es fácil topar con las empresas que se revisten de agencias inmobiliarias pero que se dedican a algo muy distinto: vender listas de pisos en alquiler previo pago de 300 o 400 euros. En muchos casos, los propietarios ni siquiera saben que sus viviendas se han incluido en estos listados. En otros, los pisos ya no se alquilan o incluso nunca han estado en el mercado. Estas agencias no garantizan resultados y se lavan las manos cuando les reclaman responsabilidades. “Son un timo”, denuncia Checa.

- 6.000 euros de aval bancario. En teoría, tener un contrato y la documentación en regla debería servir para acceder a una vivienda. No es así. “Hemos llegado a ver casos en los que los propietarios no sólo piden nómina, sino contrato indefinido o importantes avales personales”, relata esta responsable de Valencia Acoge. “Una vez recuerdo una solicitud de aval bancario de 6.000 euros; ¡para un alquiler!”

- Contratos de seis meses e incluso de temporada. La ley fija que en los casos de contratos de alquiler de duración inferior a cinco años, el arrendatario tendrá derecho a prorrogar anualmente el contrato hasta que se cumpla este plazo. Sin embargo, las ONG que trabajan con inmigrantes han tenido conocimiento de contratos que los propietarios limitan a seis meses o incluso a una temporada – para temporeros – . “No se respetan los plazos”, denuncian. También, señalan, es frecuente que se renegocien las condiciones económicas al año por encima del IPC. “Nosotros les explicamos la legislación pero muchas veces [los inmigrantes] prefieren ahorrarse líos y acceden a las exigencias de los arrendadores”.

- 150 euros un colchón, 250 euros un trozo de suelo. Quienes lo tienen peor son las personas que no tienen documentación o ingresos fijos, condiciones que suelen coincidir y que impiden acceder a un contrato. Si además estas personas pertenecen a grupos étnicos como los magrebíes o los subsaharianos, sobre los que recaen en mayor medida los recelos racistas, se trata de gente con todos los números para acabar en una habitación realquilada. “Es habitual pagar hasta 250 euros por un pedazo de suelo, sin acceso a cama o colchón en apartamentos compartidos habitados por hasta 20 personas”, denuncia Valencia Acoge. Desde otras ONG han detectado también alquileres de colchones en habitaciones compartidas por 150 euros al mes.

- ¿De dónde eres? Suele ser la primera pregunta y en muchos casos la última. “Ha habido veces que hemos llamado preguntando por un piso para un extranjero y nos han dicho que ya estaba alquilado. Luego, llamas diciendo que es para tí y no hay problema”, comenta una trabajadora de una ONG. “Hay agencias más sinceras. Directamente te dicen que ‘no trabajan’ con inmigrantes”.

- Habitaciones entre 200 y 350 euros. El precio que se pagaba hace año y medio por una vivienda modesta (300 – 350 euros) es el que se puede pedir ahora por una habitación en un piso compartido. Lo normal es que ronde los 200 euros

- Falta de ayudas eficaces. Las ONG que colaboran con los inmigrantes censuran los programas habilitados por el Instituto Valenciano de la Vivienda o la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria, incapaces de intervenir en el precio de los alquileres para hacerlos más asequibles.