En la Ciudad de México operan redes de trata de mujeres hacia Estados Unidos, cuyas ramificaciones se extienden a Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde incluso las víctimas –muchas veces son menores de edad– son compradas en comunidades pobres.

Las mujeres se encuentran en situación de esclavitud, pues a lo largo de la ruta hacia el país del norte son víctimas de abusos, violaciones y amenazas de muerte. Con frecuencia sus hijos son secuestrados por los tratantes para evitar que intenten escapar de la explotación sexual.

Testimonios recabados por MILENIO e investigaciones de dos organizaciones no gubernamentales, revelan que las víctimas son encerradas en casas de seguridad. Uno de los organismos, incluso, localizó en San Miguel Tenancingo, Tlaxcala, sótanos y calabozos donde permanecen aisladas durante semanas e incluso meses.

La trata de mujeres es realizada por familias, la mayoría tlaxcaltecas, pero también se han detectado traficantes provenientes del estado de México, Querétaro y Guanajuato. Algunos, señala la Brigada Callejera de Atención a la Mujer Elisa Martínez, tienen casi dos décadas de dedicarse a esta actividad, sobre todo en la zona de La Merced, y recientemente empezaron a enviar mujeres hacia Estados Unidos.

Se trata de los grupos conocidos como Los Negros, Los Romanes y Los Güeros, así como las familias identificadas por los apellidos Zacatero y Flores. Esta última estaría relacionada con la red de tratantes desarticulada en 2004 en Nueva York, y cuya cabecilla, Consuelo Carreto Valencia, fue extraditada a Estados Unidos hace apenas unas semanas junto con 13 líderes del narcotráfico, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén.

Una de las rutas que siguen las víctimas de trata empieza en el sureste, explica Liz Sánchez Reyna, directora del Centro Independiente de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, de Tlaxcala.

Las mujeres son enganchadas en comunidades de Puebla, Veracruz, el sur de Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca. En estas dos entidades, dice Sánchez Reyna, los tratantes acuden a las zonas indígenas a comprar adolescentes, las cuales son vendidas por sus familias, a veces en 2 mil pesos.

Tras el enganche viene el viaje y el encierro por semanas o meses, lapso en el cual los golpes y violaciones son frecuentes. Liz Sánchez dice que hay casas de seguridad en varias comunidades del sur de Tlaxcala, pero no son las únicas, pues la Brigada Callejera detectó lugares de encierro en Chalma, Villa Victoria y Toluca, Estado de México, así como en San Juan del Río, la capital de Querétaro e Irapuato y León, en Guanajuato.

Pero el principal centro de concentración, añade Jaime Montejo, es ahora el DF, de donde las mujeres se envían a dos ciudades de la frontera: Tijuana, sitio en el que son encerradas en hoteles de la calle Coahuila Norte, cerca de la garita de San Ysidro, y Matamoros, donde los tratantes consiguen visas de trabajo temporal, la H2B, para laborar en el sector servicios.

Migración paralela

“Algunas mujeres ya saben que trabajarán como sexoservidoras, pero la mayoría creen que serán empleadas domésticas”, añade Montejo. El grupo ha detectado casos en que las víctimas son vendidas directamente por sus explotadores del Distrito Federal a otros en Estados Unidos.

Las mujeres son obligadas a enviar cuotas monetarias a México, donde los tratantes cuidan a sus hijos o familiares. Esta cuota puede ser de 8 mil pesos diarios. La mayoría de los clientes son trabajadores indocumentados que laboran en campos agrícolas, “pero a algunas las contratan también estadunidenses”, dice Montejo.

Las mujeres son hacinadas en casas móviles o dentro de cajas de tráileres que se ubican cerca de los campos. Casi nunca tienen contacto con personas ajenas a los clientes o los explotadores, e incluso las escasas llamadas telefónicas que les permiten son monitoreadas.

Las investigaciones del Centro Fray Julián Garcés revelan que esta ruta de trata de mujeres coincide con las de la migración en busca de trabajo.

Liz Sánchez informa que, por ejemplo, se han localizado mujeres tlaxcaltecas en Nueva Orleans, a donde miles de indocumentados se trasladaron para trabajar en la reconstrucción de la ciudad, devastada por el huracán Katrina en 2005.

MILENIO conversó con dos mujeres que escaparon de una de estas redes. “Tenía que entregar 5 mil pesos diarios y, si no lo cumplía, le pegaban a mi niño”, cuenta una que permaneció tres meses encerrada en Villa Victoria.

Otra, originaria de Puebla, dice que una vez “no estaba en el punto (trabajo en la calle) y cuando me encontraron le pusieron una navaja a mi hija en el cuello, para que no volviera a perderme”.

Las dos mujeres quedaron libres cuando el año pasado la policía judicial del Distrito Federal detuvo a su explotador.