La regularización y la progresiva mejora laboral permiten cada vez a más inmigrantes comprar una vivienda en España (15%) y en sus países de origen El sentimiento de las personas inmigrantes ante sus problemas de vivienda suelen resumirlo con título de serie televisiva, “aquí no hay quien viva”. Ni aquí, ni así (el 47% lo hacen como inquilino subarrendado, y el 19% en condiciones de hacinamiento), aunque el retrato real es mucho más complejo y va dejando paso poco a poco a un panorama con mejores perspectivas.

De hecho, su regularización legal y su progresiva mejora laboral y social les están permitiendo un acceso cada vez mayor (el 15% ya del colectivo) a la vivienda en propiedad en España, que incluso empieza a extenderse a sus países de origen.

Más allá de su dramatismo y potencial para desencadenar conflictos vecinales que alimentan riesgos xenófobos y racistas, el fenómeno de las “camas calientes” en las que varias personas duermen por horas es muy marginal (0,4%, unas 12.000 personas) y suele circunscribirse a la etapa inicial.

Según el Colectivo Ioé de investigación sociológica, a cuyo estudio sobre Inmigración y vivienda en España pertenecen los datos ya citados, los llamados “inmigrantes periféricos” (latinoamericanos, africanos y asiáticos) van mejorando con el tiempo su trabajo y sus ingresos, obtienen los papeles, reagrupan a sus familias y afianzan sus redes sociales.

El 65% encuentran vivienda, precisamente, gracias a esa red de relaciones de parentesco, amistad y paisanaje. Una solidaridad que se demuestra decisiva en el momento justo de la llegada, porque hasta un 36% reciben alojamiento gratuito en ese círculo de familiares, amigos y conocidos.

Luego, cada inmigrante se va buscando la vida (esa “casa gratis” apenas se mantiene en un 1,7% de casos), aunque sea en peores condiciones que la población autóctona: el hacinamiento en lugares de menos de 10 metros cuadrados por persona alcanza al 19% de los extranjeros frente a sólo el 2,5% de los españoles, y la comparación también les es desfavorable (61% frente a 36%) a propósito de las personas que disponen de menos de una habitación. De todos modos, la situación está cambiando. Porque si bien la desventaja salarial de los inmigrantes (870 euros de ingresos mensuales frente a 1.741 de los españoles) los aleja teóricamente de la posible compra de la vivienda en propiedad (necesitarían 1.700 euros al mes), en la práctica su poder adquisitivo tiende a ser más alto.

Ferias inmobiliarias

Como señaló el agregado comercial colombiano Ricardo Lozano en una mesa redonda en la Casa de América sobre los nuevos tipos de consumo de la inmigración, quizás el sueldo medio sea incluso más bajo (de 450 a 800 euros), pero “trabajan en más de un sitio”, hasta el punto de que el 45% pueden ahorrar y el 65% suelen envíar dinero a su familia.

Prueba de que las personas inmigrantes van poco a poco abriéndose camino, es el éxito de las Ferias inmobiliarias para colombianos que deseen comprar vivienda en su país, que arrancaron en 2005 y van a celebrar su tercera edición en el próximo mes de abril.

Aunque la posible adquisición de una vivienda no está exenta de dificultades, sobre todo por la falta de “historia crediticia” de los inmigrantes y por los elevados costes de los créditos no hipotecarios a los que muchas veces tienen que “resignarse”, Lozano apunta que se está empezando a pasar del emigrante que sólo envía remesas al emprendedor e inversor.

Y esto ya no es simplemente un deseo, sino una realidad cada vez más extendida. En España funcionan empresas dedicadas a la venta de viviendas a trabajadores inmigrantes pero en sus países de origen Desde una de ellas, Enlace Andino, su director gerente Christian Acosta apunta las claves de su fórmula propia. Por una parte, la oferta de un “servicio integral, que abarca todo el proceso”, incluida la “precalificación del riesgo de cada cliente” y el análisis de su capacidad de pago. Por otra, la posibilidad de que “los familiares vayan a ‘tocar’ la casa”, lo que les da “un peso importante en la decisión de compra”.