El sentimiento de las personas inmigrantes ante sus problemas de vivienda suele resumirse con un título de serie televisiva, ‘aquí no hay quien viva’. El 47% lo hace como inquilino subarrendado y un 19% soporta condiciones de hacinamiento, aunque el retrato real es mucho más complejo y va dejando paso, poco a poco, a un panorama con mejores vistas. De hecho, su regularización legal y su progresiva mejora laboral les están permitiendo un acceso cada vez mayor – el 15% ya del colectivo – a la vivienda en propiedad en España, que incluso empieza a extenderse a sus países de origen.

Más allá de su dramatismo y potencial para desencadenar conflictos vecinales que alimentan riesgos xenófobos y racistas, el fenómeno de la ‘camas calientes’ en las que varias personas duermen por horas es muy marginal – apenas un 0,4%, es decir, unas 12.000 personas – . Suele circunscribirse a la etapa inicial. Según el Colectivo Ioé de investigación sociológica, a cuyo estudio sobre ‘Inmigración y vivienda en España’ pertenecen los datos ya citados, los llamados ‘inmigrantes periféricos’ (latinoamericanos, africanos y asiáticos) van mejorando con el tiempo su trabajo y sus ingresos, obtienen ‘papeles’, reagrupan a sus familias y afianzan sus redes sociales.

El 65% encuentra vivienda, precisamente, gracias a esa red de relaciones de parentesco, amistad y paisanaje. Una solidaridad que se muestra decisiva en el momento justo de la llegada, porque hasta el 36% recibe alojamiento gratuito en ese círculo de familiares, amigos y conocidos. Luego, cada inmigrante se busca la vida, aunque sea en peores condiciones que la población autóctona, incluso en lugares de menos de 10 metros cuadrados.