Todos los inmigrantes recién llegados a Catalunya tendrán derecho a recibir cursos de lengua, de conocimiento del país y de inserción laboral por el solo hecho de empadronarse y siempre con carácter voluntario. Ésta es la propuesta central de la ley de Acogida de las Personas Inmigradas y Retornadas a Catalunya que ha empezado a debatirse con los ayuntamientos y las entidades de inmigrantes y que el Govern pretende aprobar antes del verano.

La secretaría para la Immigració, que depende del Departament d´Acció Social i Ciutadania, ha elaborado un documento de bases en el que sólo falta la memoria económica. La Generalitat ha optado por el modelo holandés con una acogida descentralizada, es decir, en manos de los ayuntamientos y con una puerta abierta a las entidades privadas, y se ha reservado la planificación y financiación, lejos del modelo francés donde todo queda en manos de las prefecturas, que dependen directamente de París. Otro de los objetivos básicos de este servicio de primera acogida es dotar al titular de competencias lingüísticas en las dos lenguas oficiales de Catalunya.

PRIORIDAD AL CATALÁN. La futura ley considera “recomendable que el contenido ofrecido por los servicios de acogida sea de forma general en lengua catalana”, tanto para “tener un proceso de acogida contextualizado a Catalunya a través del uso de su lengua propia” como para “equiparar las competencias lingüísticas”. A este respecto, se indica en un documento provisional adjunto que el Consell Assessor de la Immigració en un informe del 2002 ya señalaba que “la experiencia nos muestra que todas aquellas personas que recibieron la formación en catalán dominan después el catalán y el castellano, mientras que el conocimiento de ambas lenguas es minoritario en los que tan sólo aprendieron el castellano”. También se señalaba que “la situación laboral y profesional de los que conocen las dos lenguas es superior a la de los que tan sólo conocen una”. Esa formación exigirá tanto una correcta evaluación de las competencias previas como la dotación de recursos.

UN DIPLOMA PARA LA ACOGIDA. Los niveles de competencia lingüística se acreditarán en un formato reconocido, es decir habrá al final de los cursos un diploma o título homologado. El Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas del Consell de Europa determina seis niveles de competencia para todas las lenguas. Los dos primeros, A1 y A2, corresponden al del usuario básico. Y para cada nivel, el Consorci per a la Normalització Lingüística establece una formación con una duración de 90 horas. La formación se extenderá también a los “conocimientos laborales y de extranjería” y de “conocimiento de la sociedad catalana”. Los tres tipos de formación pueden darse en un solo curso y no se descarta que puedan hacerlo en el marco de la empresa.

LOS BENEFICIARIOS. Es uno de los temas más abiertos. La propuesta inicial de la Generalitat es que los beneficiarios sean los empadronados en los dos últimos años y quienes son contratados en origen. A ellos se sumarán los emigrantes retornados. Algunos técnicos municipales han planteado también la posibilidad de que se puedan acoger incluso los no empadronados para no tener que ejercer un control. De hecho, ahora no se pide ninguna documentación, algo que suele escandalizar a nuestros vecinos europeos.

FINANCIACIÓN PENDIENTE. El documento de bases se limita a señalar que la Generalitat complementará la inversión de los ayuntamientos “con la transferencia de fondos europeos o estatales o con recursos propios”. La memoria económica está pendiente aún de algunos estudios referentes al coste de la prestación de servicios que realiza el Servei de Normalització Lingüística y otros organismos de formación ocupacional. Es uno de los aspectos más controvertidos ya que es muy difícil saber cuál va a ser la demanda. Aun cuando se diese por válido que cada año puedan llegar 100.000 nuevos catalanes (depende de variables como la evolución económica y las decisiones políticas de los gobiernos), es imposible saber cuántos pueden estar interesados. En Europa el porcentaje es bastante bajo, pero es también muy variable. Otro factor es que la experiencia de los cursos que imparten los municipios indica que hay un elevado número de bajas al cabo de cierto tiempo que puede llegar hasta el 50% de inscritos. En cualquier caso, Amorós dice: “Desde la Generalitat preferimos financiar antes que ejecutar”.

AGENTES DE LA DIVERSIDAD. La normativa regulará la tipología de los profesionales encargados de gestionar la diversidad y también su formación. Se distinguen cuatro tipos de profesionales: agentes de acogida (con dominio de alguna de las lenguas de origen de los inmigrantes); técnicos en políticas migratorias; mediadores, y traductores e intérpretes. En cualquier caso no serán funcionarios de la Generalitat, aunque sí serán acreditados por la Agència de Migracions. Trabajarán con los municipios si son de más de 20.000 habitantes, o con los consejos comarcales si son poblaciones más pequeñas. o con empresas u otras entidades que presten estos servicios.

PRECEDENTES MÁS DESTACADOS.La ley no inventa nada, la mayoría de los servicios ya se ofrece pero no de forma universal. Ahora hay ayuntamientos que lo están haciendo muy bien. Existe coincidencia en señalar que Manlleu fue uno de los municipios pioneros y le siguieron Salt y Terrassa. Los expertos también señalan la relevancia de otros proyectos que se han desarrollado en Sabadell, Granollers, Barcelona o Santa Coloma de Gramenet, aunque quizás no de forma tan continuada y generalizada.