SOS Racismo pide al Gobierno que no se cobre a tres asociaciones de utilidad pública El Tribunal Supremo ha condenado a tres ONG, Asociación de Chinos de Euskadi, Associació Solidaria Dab y SOS Racismo País Valencià, a pagar 16.000 euros en concepto de costas de juicio tras desestimar tres recursos contra el Reglamento de Extranjería al entender que existió “temeridad procesal” al iniciar las acciones judiciales.


En todo caso, las cuantías impuestas, que responden a la minuta del Abogado del Estado, son diferentes para cada asociación. Así, la Asociación de Chinos de Euskadi deberá hacer frente a 8.000 euros, mientras que SOS Racismo País Valencià deberá abonar 5.000 euros y la Associació Solidaria Dab tendrá que pagar 3.000 euros.


Los recursos se imponían con el fin de incluir supuestos de arraigo social, aplicar el principio de proporcionalidad en las expulsiones o establecer la asistencia letrada para menores extranjeros.


Sin embargo, las tres sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, precisan que buena parte de las impugnaciones realizadas carecen “manifiestamente” de fundamento y que se ignoran por parte de los recurrentes y de forma reiterada el sentido y finalidad de la potestad reglamentaria.


El pasado 19 de febrero, la Asociación de Chinos de Euskadi acató la sentencia, según explicó el presidente de la asociación, Xiarong Zhou. En este sentido, señaló que la asociación recaudó dinero cuando interpuso el recurso, en marzo de 2005, ante la posibilidad de perderlo. “Qué le vamos a hacer –añadió Zhou–. Al menos lo hemos intentado”.


Efecto disuasorio

Por su parte, SOS Racismo califica la acción del Alto Tribunal como un intento de atajar con una sentencia ejemplarizante la capacidad impugnatoria de los agentes sociales en las normas de extranjería. “Estas condenas en costas suponen un claro aviso para disuadir a otras organizaciones de defensa de las personas inmigrantes a recurrir este tipo de normas”, lamenta en un comunicado.


Además, advierte de que son varias las sentencias de Juzgados de lo Contencioso que están corrigiendo la interpretación que las subdelegaciones de Gobierno están realizando del Reglamento.


A juicio de este organización, “este aval de conformidad con la legalidad vigente que ha recibido el Gobierno por parte del Tribunal Supremo puede traducirse en un endurecimiento de los criterios de aplicación del Reglamento de Extranjería”.


Por último, esta asociación considera “absolutamente incoherente y contradictorio” que se ejecuten las condenas en costas a tres organizaciones sin ánimo de lucro y de “incuestionable utilidad” pública, al tiempo que el Gobierno impulsa la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas extranjeras en los diferentes foros y organismos que desarrolla. Por ello, insistió en la necesidad de que el Ejecutivo no decida ejecutar la condena impuesta por el Supremo.