La Ertzaintza y la Policía Municipal de Vitoria han establecido un dispositivo especial de vigilancia en torno a la conflictiva casa del número 68 de la Avenida de los Huetos, donde residen nueve familias del clan de los ‘bartolos’, para evitar nuevos enfrentamientos entre personas de etnia gitana. Y lo han hecho tras los graves incidentes ocurridos el lunes tanto ante ese edificio como en la sede de la asociación Gao – Lacho – Drom, que preside Bartolomé Jiménez, el patriarca e icono de esa comunidad en la ciudad.

Ese día, cinco personas del citado clan acudieron al despacho de Jiménez para pedirle explicaciones acerca de la actual situación penitenciaria de un joven miembro de los ‘bartolos’, que hasta hace poco tiempo tan sólo iba a dormir a la prisión de Nanclares. «Nos culpaban de que le trasladaran a una cárcel asturiana, después de que un día golpeara a un monitor de Gao – Lacho Drom», explicó a EL CORREO el líder calé. Según su relato, echó de la oficina a esas cinco personas y una de ellas – todavía sin detener – sacó una pistola y efectuó un disparo que no le alcanzó, «porque una mano apartó el cañón y el tiro pegó en el techo».

Poco después, decenas de gitanos indignados se dirigieron a la casa de la Avenida de los Huetos, desde donde se arrojaron cazuelas contra los recién llegados. El enfrentamiento se saldó con dos heridos y la intervención de la Ertzaintza, que arrestó de un joven de 24 años.

Sin embargo, el clan de los ‘bartolos’ rechaza esa versión. «Ninguno de nosotros llevaba pistola. Si apareció un arma no era nuestra», aseguró el miércoles a este diario Bartolomé Cortés. Según él, algunas de las personas afines al patriarca que se apostaron ante la casa de Ali «llevaban bidones de gasolina» y el propio «Jiménez y tres de sus hermanos» subieron a su piso y le atacaron «con un hacha, palos y martillos».

Una ley «muy sabia»

Bartolomé Jiménez, que mantiene que esas acusaciones son «absolutamente falsas», lanzó el martes un ultimátum a las cinco personas que le «amenazaron y dispararon». «En principio, no les voy a denunciar pero deben irse de Vitoria para evitar una desgracia. Y si no se marchan, puede haber una desgracia porque la gente está muy caliente», advirtió el martes. El plazo vencía el sábado, según los ‘bartolos’.

El patriarca afirma que esa orden de destierro se fundamenta en la ley gitana, que ordena la «separación de los contrarios». «Es una ley muy sabia», apuntaba ayer Jiménez.

Sin embargo, los ‘bartolos’ no están dispuestos a acatar el destierro de los cinco y, como mucho, aceptarían la marcha de dos de ellos y por un periodo no superior a dos meses. «De aquí no nos echa nadie. Si tienen valor que vengan», dijeron mientras apuntaban que las 700 personas que integran su clan ya habían empezado a llegar a Vitoria» para defenderles.

El teniente de alcalde, Miguel Ángel Echevarría, no ocultaba ayer su «preocupación» ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos. «Pido calma y cordura a toda la comunidad gitana. Nadie debe tomarse la justicia por su mano. En cualquier caso, la Policía Local y la Ertzaintza están alerta, y, de forma paralela, estamos trabajando socialmente con esas familias», señaló.

Entre tanto, las dos partes en conflicto han iniciado un diálogo para tratar de resolver el conflicto. De hecho, Jiménez aseguró ayer que, aunque la ley gitana «se tiene que cumplir, ya no hay ultimátum ni plazos» para el destierro.