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CEUTA. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló ayer una sentencia del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 1 de Ceuta, sobre la imposibilidad de empadronamiento de extranjeros que carezcan de tarjeta de residencia.

Al respecto el Gobierno ceutí hacía público un comunicado en el que se recoge cómo el pasado 8 de mayo, el juez de lo Contencioso dictó una sentencia estimando el recurso contra una denegación de empadronamiento de un marroquí que carecía de tarjeta de residencia. Ante esta sentencia la Ciudad Autónoma de Ceuta presentó un recurso de apelación a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En los fundamentos de derecho expuestos en la resolución, el TSJA establece que no comparte los criterios del juzgado ceutí, añadiendo que es evidente que al no tratarse de ciudadanos de la UE, ni de otros estados que formen parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de países a los que el régimen jurídico, exija tarjeta de residencia. Por lo tanto el requisito de la tarjeta de residencia resulta «insoslayable».

Padrón con tarjeta

El pronunciamiento del TSJA coincide con el recurso que presentó la Ciudad Autónoma y confirma la resolución administrativa de no admitir el empadronamiento por carecer de tarjeta de residencia en vigor, anulando la sentencia que se emitió desde el Juzgado ceutí. Asimismo esta nueva resolución es contraria también a otra anterior, dictada por el TSJA, en la que el alto tribunal obligaba al Gobierno ceutí a censar extranjeros aún sin tarjeta de residencia.

En esta ocasión la sentencia del TSJA le da la razón al Gobierno ceutí, que había sido denunciado públicamente por el partido Unión Demócrata Ceutí (UDCE) – de corte musulmán y primer grupo en la oposición en la Asamblea ceutí – por no aceptar estos empadronamientos.

La diferencia de opiniones entre el UDCE y el consejero de la Presidencia, José Luis Morales (PP), en este asunto provocó que tres diputados de la formación UDCE optaran por no acudir a las reuniones de la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía.