LA PERCEPCIÓN POPULAR sobre los inmigrantes y su relación de derechos posee los matices derivados del contacto cotidiano en la calle. La máxima de que todas las personas, sean nativas o no, son depositarias de exactamente los mismos derechos, está vigente en la sociedad, pero en determinados casos exclusivamente en un plano teórico. Esta mirada tuerta a la inmigración está en el origen de ciertas creencias que, con el tiempo, se han convertido en falsos axiomas. Así, es ya un lugar común la sentencia según la cual son los inmigrantes quienes se quedan con buena parte de los pisos de protección oficial. Otro aserto con gran aceptación les achaca el acaparamiento de las ayudas de emergencia social. Sin embargo, los datos reales muestran todo lo contrario. Solamente el 8,5% de los inmigrantes que viven en nuestra comunidad reciben ayudas de emergencia social. A pesar de ser, sin duda, el colectivo más necesitado, acceden aún con mucha dificultad a las ayudas a las que, en tanto que ciudadanos que viven y trabajan aquí, tienen derecho a recibir. Si alguna reivindicación cabe hacer, ésta pasaría por el incremento de la cuantía y del objeto de las ayudas, no por el origen geográfico de los perceptores.