Silvia Núñez Gasteiz

«No soy racista, pero…». Así comienza el discurso de muchos ciudadanos vascos cuando se les pregunta sobre la inmigración. En la segunda parte de esa sentencia suelen aparecer miedos y recelos comunes, tales como la falta de ayudas sociales para los autóctonos, de viviendas protegidas o de empleo. Sin embargo, muchas de estas afirmaciones están basadas en la desinformación. No en vano, la mayoría de los extranjeros que viven en Euskadi llega a fin de mes con el jornal ganado en el tajo y no por ayudas sociales ni renta básica. De hecho, sólo el 8,5% de los inmigrantes recibe ayudas de emergencia social de los ayuntamientos vascos. El porcentaje es similar 8,75% si nos fijamos en los perceptores de renta básica.

Otro de los prejuicios extendidos en la sociedad acogedora es la creencia de que hay determinados servicios sociales que se niegan a los vecinos locales y sólo se conceden a las personas llegadas de otros países. «No hay ningún recurso social específico para inmigrantes, ni tampoco un solo euro reservado para ellos», corrige Antton Arka, técnico de Inserción Social del Ayuntamiento de Donostia.

En este sentido, Arka recuerda que «el sistema de servicios sociales tiene la responsabilidad pública de atender las situaciones de precariedad y fragilidad socioeconómica de toda la población, independientemente de su origen». Lo contrario sería añade «cuestionar el sistema aprobado por todos y los principios de igualdad en los que está sustentado».

En cambio, no toda la ciudadanía vasca parece compartir estos principios. Prueba de ello son los sorteos de viviendas protegidas en los que se oyen silbidos de desaprobación cada vez que en la pantalla de los agraciados aparece un nombre magrebí.

El rechazo mayoritario de los pueblos en los que las Diputaciones pretenden construir nuevos centros de acogida a menores extranjeros es otro ejemplo de la falta de adaptación entre el colectivo acogido y el acogedor.

Una actitud que el propio Arka entiende «comprensible», aunque apuesta por desmontar los prejuicios a través de la «convivencia» y de la «información». «Esta situación debe resolverse con una adecuación de recursos para esas situaciones más difíciles ya que a los menores hay que atenderles», añade.

Sanidad para todos, un 54%

Una reciente encuesta del Gobierno vasco aporta datos concretos. A pesar de que el 90% de los ciudadanos de Euskadi afirma que «toda persona debería tener libertad para vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera el suyo», los porcentajes bajan cuando se pregunta sobre derechos concretos.

Se aceptan mejor los derechos a la educación y a la sanidad que a las ayudas sociales o a los sorteos de viviendas protegidas. Según el informe del Gobierno vasco del pasado diciembre sobre la inmigración extranjera, un 54% de los consultados cree que todos los extranjeros deberían tener derecho a los servicios sanitarios. El porcentaje llega al 60% en el caso de la educación.

Sin embargo, cae en picado cuando el encuestador pregunta por las ayudas económicas o los pisos protegidos. En concreto, sólo un 29% cree que todos deberían tener derecho a ayudas sociales, tales como becas, ayudas por familia numerosa, renta básica o subsidio de desempleo.

La cifra más baja se presenta precisamente en el bien más disputado: la vivienda. Y es que solamente un 20% cree que todos deberían poder entrar en los sorteos de viviendas de VPO en las mismas condiciones que el resto de la población vasca.

Cabe puntualizar, eso sí, que la condición exigida por la mayor parte de los encuestados es la regularización. Así el 37% de los vascos cree que el derecho a la asistencia sanitaria debe ofrecerse sólo si el inmigrante cuenta con papeles.

En la misma línea, el derecho a la educación debería reservarse para los extranjeros legales, según el 34% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca.

En cuanto a las ayudas sociales, 5 de cada 10 consultados cree que sólo deberían poder acogerse a ellas quienes tengan su situación regularizada.

Finalmente, el 54% de los vascos está de acuerdo con que los papeles sean una condición exigible para acceder a los sorteos de viviendas de protección oficial, como ya ocurre.