vitoria. La inmigración es un negocio. Al menos, así lo entienden algunos individuos, que son capaces de obviar escrúpulos para hacer negocio con la necesidad de los más débiles. Tal circunstancia, la de mercadear con las miserias de los inmigrantes , se da en Vitoria de un tiempo a esta parte cada vez con mayor frecuencia. De hecho, diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado y comprobado in situ la creciente proliferación en la ciudad de prácticas que buscan el lucro en los problemas que afectan, especialmente, al colectivo de foráneos, como las restricciones que les impone la sociedad y el desconocimiento cultural a la hora de acceder a una vivienda digna.

En ese sentido, la ley de la oferta y la demanda no entiende de sensibilidades y propicia la aparición de pisos patera, pensiones que hacen su agosto todo el año con aforos saturados de extranjeros o propietarios o inquilinos avispados que arriendan o rearriendan camas, y ya no habitaciones, a precios desorbitados a individuos que buscan una vida mejor y que, por su escasez de recursos o por los recelos que despiertan, tienen complicado el acceso al arrendamiento normal de un piso. Pese a la constancia de su existencia, el fenómeno descrito no se puede cuantificar con datos precisos en la capital alavesa, ya que la indefensión de los inmigrantes , en ocasiones sin papeles, facilita que la práctica en cuestión se dé con cierta asiduidad. En principio, los conocedores de la situación descrita no se atreven a cifrar los pisos patera existentes, aunque podrían ser decenas.

Los mismos están ubicados, preferentemente, en barrios como “el Casco Viejo, Zaramaga y Sansomendi”, tal y como indica Federico García, responsable de la asociación SOS Racismo. Según sus datos, el perfil de las viviendas dibuja una realidad en la que destacan pisos de más de 30 años en barrios de la ciudad consolidada. Aparte de los inmuebles en los que se amontonan los inmigrantes , se conocen casos de alquileres fraudulentos, con intermediario, o de casas de hospedaje repletas en polígonos de Lakua, o en el Anglo. Según los datos de SOS Racismo, las citadas prácticas podrían afectar a cientos de inmigrantes , especialmente magrebíes procedentes de Marruecos y Argelia subsaharianos, asiáticos y rumanos.

Todos ellos, víctimas de un sistema inmobiliario tiznado por la ley del mercado, pagan mensualidades de entre “250 y 400 euros” por el alquiler de una cama que, en ocasiones, se ubica en una habitación compartida y que, en otras, no tiene derecho ni a salón ni a cocina, estancias que se han convertido a su vez en nuevas salas residenciales.

Al respecto, testigos de la situación descrita, como Ayov El Bachiri, narran su historia personal. Sus vivencias en la ciudad incluyen meses en una pensión, en la que dormía a cambio de 270 euros mensuales que pagaba por un lecho en una habitación doble. “Partían las habitaciones y te tocaba convivir con gente que no conocías. La sala de estar y la cocina las habían transformado en más habitaciones”, señala. Según su experiencia, “cada vez hay más pisos que alquilan habitaciones, y cada vez son más caras. No hay más que ojear las páginas de Kalea publicación de anuncios para darse cuenta de que hay más habitaciones en alquiler”.

‘MODUS OPERANDI’ Y es que las palabras de El Bachiri no hacen más que constatar la evidencia de la existencia de las situaciones relatadas. Las mismas son ejecutadas por dueños de pisos o por inquilinos que vuelven a alquilar las estancias de los inmuebles por los que pagan un arriendo. Contrariamente a lo que podría parecer lógico, muchos de los pisos patera son propiciados por personas extranjeras, que los ofrecerían a sus compatriotas como remedio al constreñido mercado inmobiliario en el que pueden moverse los inmigrantes , que son los principales afectados por esta práctica. Sin embargo, no son los únicos, ya que hay casos de nacionales que sólo pueden vivir de esta manera.

“Las pensiones que hacen esto fijan precios que equivalen al montante que conceden las instituciones como ayudas sociales. Se conceden como apoyo al pago de alquileres”. Con estas prácticas, los dueños o los responsables de las viviendas en cuestión doblan con estos arriendos el beneficio que lograrían con el alquiler legal del inmueble completo. En la capital alavesa, la media de alquiler de una vivienda libre se eleva a 931 euros, según los datos del último barómetro elaborado al respecto por la inmobiliaria Trinosa.

Esos precios, en la mayoría de los casos, son prohibitivos para los inmigrantes , por lo que la oferta de habitaciones y camas por separado es una alternativa para poder alojarse en la ciudad. Según diferentes estamentos, esa oferta de arrendamiento podría devenir en ingresos mensuales que superarían los 2.000 euros por cada piso patera, considerando éstos como inmuebles con cuatro estancias y con dos lechos por cada una de ellas, que se ofertarían a un mínimo de 250 euros.

Esto implica situaciones paradójicas, en las que el propietario del piso alquilado, y después realquilado, no conoce la situación y cuando llega a su conocimiento, desaparece el inquilino original, dejando como víctimas a los inmigrantes realquilados en sus habitaciones, que son abandonados a su suerte, “ya que son desahuciados”, concluye Federico García.