Los dos centros musulmanes se enfrentaron por el control de las instalaciones de Xúquer La concordia entre los dirigentes de las mezquitas de Xúquer y Orriols ha durado muy poco. A falta de la inexistencia en el Islam de una autoridad religiosa como la que representa el Vaticano en el catolicismo, distintas asociaciones islámicas españolas y europeas instaron a estas dos organizaciones al cese de todos sus conflictos. El objetivo era claro: dejar de dar una mala imagen a la sociedad valenciana.


Tras esta recomendación, el Centro Cultural Islámico de Valencia, cuya sede está actualmente en el barrio de Orriols, retiró la querella por apropiación indebida presentada contra el máximo dirigente del Centro Islámico de España, que dirige la mezquita de Xúquer.


Sin embargo, a pesar del paso atrás de la acusación particular, el fiscal continuó con la causa en cumplimiento de sus funciones. Así, ayer se celebró el juicio en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia contra Imad N. Y., delegado de la mezquita de Xúquer.


Los hechos se remontan al 13 de abril de 2004, cuando apenas había pasado un mes desde el 11 – M y los representantes del Centro Islámico de España (CIE) expulsaron de las instalaciones de Xúquer a los dirigentes del Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV).


Según el escrito de acusación del fiscal, tras este desalojo el CIE se habría apropiado de diversos bienes del CCIV, que había gestionado el templo de la calle Palancia desde el año 1994. Entre los objetos reclamados se encuentran un Corán en caligrafía magrebí del siglo XIX, otros manuscritos antiguos, libros y equipos de sonidos. Su valor total supera los 58.000 euros.


La propiedad de los bienes

El reciente acuerdo, que admitieron fuentes de ambas entidades y que fue propiciado por “federaciones supranacionales y europeas”, corrió serio peligro ayer, a causa de lo declarado por los testigos en el juicio.


Tras la vista, los mensajes “a favor de la unidad” contrastaban con otras reacciones como “acuerdo roto” y “gran enfado”. Las diferencias se reavivaron a pesar de que varios testimonios reconocieron que el CIE había devuelto al CCIV parte de los bienes demandados y que se había producido un acuerdo amistoso entre ambas partes.


En su comparecencia, el acusado Imad N. Y. subrayó que el Centro Cultural Islámico de Valencia les reclamaba objetos que en realidad pertenecían al CIE y que, en cualquier caso, él mismo hizo varios ofrecimientos para hacer entrega de cualquier bien que se les reclamara.


Los testigos llamados por la defensa, entre los que se encontraba el imán de Xúquer Abdul Rahim Tawil –que requirió la presencia de un traductor del árabe al español a pesar de que lleva varios años en España–, basaron sus intervenciones en que los bienes reclamados procedían de las limosnas aportadas por los fieles a la mezquita.


La acusación se fundamentaba en que buena parte de los efectos demandados procedían de subvenciones públicas de la Generalitat y la Diputación de Valencia a favor del CCIV, y no para el Centro Islámico de España.


Uno de los testigos llamados a declarar era un asesor de la Conselleria de Bienestar Social, que no se presentó.


El letrado de la defensa pidió la libre absolución del acusado y el fiscal finalmente retiró su petición provisional de tres años de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros.


Múltiples acusaciones

El Centro Cultural Islámico de Valencia, dirigido por españoles y magrebíes, está integrando en la Federación Europea de Organizaciones Islámicas, cuyas siglas en inglés son FIOE.


El CIE, encabezado por personas de origen sirio y de otros países árabes, se incluye en la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que a su vez tiene vinculaciones con la Comisión Islámica Europea.


EL CCIV y el CIE han mantenido diversos frentes abiertos desde abril de 2004. Entre ambas entidades ha habido múltiples acusaciones públicas de radicalismo y de pretender el control de la mezquita de Xúquer con fines económicos para obtener subvenciones y donaciones externas y supuestos tratos de favor en negocios privados con países islámicos.


Las acusaciones que han acabado en los tribunales de justicia valencianos han sido por coacciones (tras el cambio de cerradura de la mezquita de Xúquer), daños y desorden y por falsedad documental (para hacerse con el control del centro) y malversación de una subvención 200.000 euros concedida por la Generalitat.


La querella por estos dos últimos presuntos delitos, los más graves, fue archivada.


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