La Habana- Cuando el congreso estadounidense se apresta en marzo próximo a debatir un proyecto de ley para legalizar la situación de los indocumentados, el tema ya calienta tribunas políticas y recobra importancia ante las venideras elecciones presidenciales en 2008.

Según el portavoz de la mayoría en el Senado, Harry Reid, mientras se prepara el proyecto migratorio bipartidista que daría luz verde al debate legislativo, su bancada realiza audiencias en el país sobre la compleja temática.

Analistas consideran que entre los congresistas de ambos bandos políticos existen diferencias, por ejemplo, en cuanto al alcance de los planes de legalización de indocumentados.

Mientras los demócratas abogan por regularizar la situación de la totalidad de los 11,2 millones de personas sin papeles, la minoría republicana se pronuncia por limitar esa cifra y reforzar el control de las fronteras.

Tras fracasar el año último en apoyar una reforma migratoria amplia y cuando su partido perdió la mayoría en el Congreso, el presidente George W. Bush plantea que “la emigración es una interesante oportunidad” para un trabajo conjunto de ambos partidos.

El gobernante ha insistido en los problemas de seguridad en la frontera y argumentó que un programa de trabajadores temporales evitaría la entrada ilegal al país para laborar.

Sin embargo, el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Frank Sharry, sostuvo que el Ejecutivo y los líderes congresionales están llamados a apoyar principios amplios y sustentar la retórica mediante acciones a favor de los indocumentados.

Con el objetivo de ganar para los republicanos el voto hispano y de otras importantes minorías, Bush enfatiza en la solución del problema migratorio, sin embargo en varios estados se han endurecido las leyes contra los ilegales.

La anterior situación demuestra el doble discurso sobre el tema por el mandatario Bush, quien incluso ha tenido la oposición de sus propios correligionarios republicanos, negados hasta ahora a legalizar a los indocumentados.

En los últimos tiempos, de acuerdo con denuncias de organizaciones hispanas, la represión contra ilegales ha aumentado en esta nación conformada por inmigrantes, e incluso se multiplicó el número de deportaciones de extranjeros sin documentos.

Uno de los acontecimientos más recientes en ese sentido y con alta repercusión mediática, lo constituye la detención, en 17 estados norteamericanos, de 195 ilegales procedentes de México, Honduras, El Salvador y Haití.

Esas personas fueron víctimas de un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas, denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

También, instituciones humanitarias expusieron que más de 200 niños hijos de inmigrantes, viven en condiciones carcelarias en una prisión de Texas, mientras esperan a que sus padres sean enjuiciados.

De los 380 detenidos en el centro penitenciario californiano, más de dos centenares son menores y el resto adultos, provenientes de unos 20 países, detallaron medios periodísticos.

Rosa Rosales, presidenta de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, denunció que la cárcel donde se encuentran recluidos los niños pertenece a la empresa Correction Corporations of América, la cual opera mediante contrato con el gobierno federal.

En una reciente vigilia por las cercanías del lugar, nos dimos cuenta de que las autoridades mantienen a los pequeños en esta prisión, custodiados por guardias, arguyó.

Los niños son tratados como criminales, les ponen uniformes de reos, portan una etiqueta con su nombre y sobreviven en pequeños cuartos. Es una vergüenza que en Estados Unidos sean tratados como criminales, manifestó.

Por su parte, el activista pro-inmigrante Jay Jonhson Castro indicó que organizará protestas para demandar el cierre de ese sitio donde los menores enfrentan condiciones similares a las de los campos de concentración hitlerianos.

Como para echarle más leña al fuego, la coordinadora de la Patrulla Fronteriza en el sector del Río, María Aracelli Keisel, admitió que muchos de los detenidos superan la estadía límite de 90 días en ese y otros establecimientos penitenciarios.

Ello está determinado por la demora de los tribunales, entre otros trámites burocráticos, para encausar a los inmigrantes.

A diario, por otro lado, en Estados Unidos se suceden situaciones como ésta: las autoridades de inmigración de Houston, Texas, rescataron recientemente a 46 indocumentados retenidos en una casa por traficantes de personas.

Los delincuentes, como en múltiples casos, exigían dinero a familiares y amigos de los ilegales a cambio de su liberación.

La vocera de la Agencia de Inmigración y Aduana texana, Luisa Deason, dijo que mediante una operación policial, en la que se decomisaron armas, los malhechores e indocumentados fueron puestos bajo custodia, mientras se documenta el caso.

Deason precisó que los individuos “bajo la sombra” serán deportados a sus países de origen, en tanto los traficantes podrían cumplir penas de cárcel severas, en correspondencia con las leyes norteamericanas.

Ante ese complejo panorama, representantes de organismos pro-inmigrantes exigieron al gobierno de Bush que respete los derechos de los indocumentados, a través de una moratoria temporal a las redadas y deportaciones en el país.

La presidenta de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Rosa Rosales, alegó que las capturas policiales y expulsiones de ilegales tienen un impacto negativo en las comunidades y la economía estadounidense.

Especialistas consideran que los más afectados con esa situación son los niños, muchos de ellos nacidos en Estados Unidos y cuyos padres han sido deportados o están detenidos.

En el país no deberíamos tratar como criminales a familias de inmigrantes que no cometieron delito alguno” y deberíamos proteger a los menores, consideró Ralston Deffenbaugh, presidente de la organización Servicio Luterano de Inmigración y Refugio.

A sólo 22 meses de que concluya el mandato del actual gobierno y cuando el liderazgo demócrata ha incluido entre sus 10 prioridades promover la solución del problema migratorio, parece vislumbrarse una luz en el túnel que conduciría a la legalización de indocumentados.

Miles de latinoamericanos y de otras zonas geográficas emigran cada año hacia Estados Unidos en busca de empleos y otras oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familiares.