El Ararteko se enfrenta al Ayuntamiento de Bilbao por prohibir que se abran más locutorios

La Corporación decretó hace cuatro años la suspensión de nuevas aperturas en el Casco Viejo al «estar saturado» el mercado y vincular algunos negocios con «actividades ilegales»

El Correo, LUIS GÓMEZ l.gomez@diario-elcorreo.com/BILBAO, 05-03-2007

LUIS GÓMEZ l.gomez@diario-elcorreo.com/BILBAO

Cuatro años después de que el Ayuntamiento de Bilbao pusiera freno a la apertura de nuevos locutorios telefónicos en el Casco Viejo y Bilbao la Vieja, el Ararteko ha pegado un tirón de orejas al Gabinete de Iñaki Azkuna. Iñigo Lamarca ha instado a la Administración bilbaína que reconsidere su actitud y «deje sin efecto» el acuerdo plenario refrendado el 27 de marzo de 2003. Todos los partidos políticos apoyaron prohibir la apertura de nuevos locales en estas zonas al considerar perjudicial su proliferación y entender que la «implantación cuantitativa» sobrepasaba «más que con creces» lo que se entendía «razonable».

Además, la Corporación extendió la sombra de la sospecha sobre este sector al concluir que algunos negocios eran en realidad una tapadera tras «vincularlos» con «otro tipo de prácticas ilícitas». «Existen evidencias que demuestran la relación de estos establecimientos con actividades ‘rayanas con la legalidad en el mejor de los casos’», justificó el Consistorio.

Pese a ello, el Defensor del Pueblo Vasco entiende que el acuerdo plenario vulnera la libertad de empresa y restringe el principio de libre competencia. Pero, sobre todo, subraya el escaso acierto, en su opinión, de una medida que limita el desarrollo de un negocio «necesario» en estos dos barrios, al aglutinar «a una importante concentración de extranjeros e inmigrantes», los ciudadanos que más demandan este servicio.

«Desproporcionada»

La petición de Lamarca se produce tras la denuncia interpuesta por un ciudadano que se quejó del supuesto trato discriminatorio de que fue objeto al negarle la apertura de un locutorio en Iturribide. El denunciante alegó que la Corporación hizo, en cambio, la vista gorda con otras tres personas a las que sí les concedió la licencia de actividad con posterioridad a la entrada en vigor de la citada normativa. Portavoces municipales han desmentido categóricamente este extremo.

Un informe del área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento juzga «desproporcionada» la propuesta del Ararteko. Sostiene que, después de cuatro años en vigor, el acuerdo plenario «no ha sido impugnado». «No nos consta remarca que a nadie, hasta la fecha, le haya parecido arbitrario o injustificado».

La concejala de Urbanismo, Julia Madrazo, aduce que «en nada ayuda» a la revitalización del Casco Viejo y Bilbao la Vieja «el monocultivo» de un determinado tipo de locales. «Defendería lo mismo si en lugar de locutorios la zona se llenase de farmacias. Eso no es bueno», destacó Madrazo, que ignora, no obstante, si la intervención de la Administración «atenta contra la libre competencia». «Pero hay suficientes locutorios y el servicio está perfectamente cubierto», zanjó la edil.

Sin embargo, el informe del Ararteko echa por tierra los argumentos «sin fundamento» esgrimidos por el Ayuntamiento al reiterar la necesidad «de implantar nuevos locutorios especialmente en la zona de San Francisco». Lamarca resalta que estos establecimientos cumplen «todas las disposiciones en materia de seguridad, salubridad, orden público y tranquilidad», y recuerda que el propio planeamiento urbanístico municipal califica su funcionamiento de «inocuo» y compatible «con el uso residencial».

También juzga «incongruente» la posible vinculación de algunos locutorios «con actividades ilícitas» para denegar la concesión de nuevas licencias. Este razonamiento, remarca, no puede ser admitido «como justificativo de la propuesta» por ser totalmente contrario «al más elemental principio de legalidad e interdicción» de la arbitrariedad de los poderes públicos. «Estas cuestiones deben ser resultas por los medios y cauces legales pertinentes, sin que sean lícitas las limitaciones que persiguen finalidades ajenas al bien jurídico protegido», concluye.

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