Los ciudadanos extranjeros representan ya el 9,3% de la población española, según el último padrón elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Esa proporción no sólo se acerca a las más elevadas registradas en dos países con tradición de acogida como Alemania y Austria, sino que resulta coherente con el hecho de que España sea el estado de la UE que soporta mayor presión migratoria. Los más de cuatro millones de personas que desarrollan un nuevo proyecto vital detrás de las asépticas cifras, procedentes en su mayoría de Latinoamérica y África, están suponiendo un cambio en nuestro paisanaje que conlleva demandas y necesidades que resultaban ajenas hace apenas unos años. Pese al dramatismo de la inmigración ilegal, la cambiante apariencia de la sociedad viene determinada por dos fenómenos naturales: la globalización que facilita la circulación de ciudadanos y la bajísima tasa de fecundidad española.

La integración generalmente pacífica de la población extranjera se ha visto favorecida por la existencia en muchos casos de un idioma común y por la distensión que lleva aparejado el traslado de aquellos comunitarios que disfrutan aquí de su jubilación. No obstante, esta evolución social requiere de una especial atención por parte de los poderes públicos. No sólo porque las previsiones apuntan a que seremos el socio europeo más envejecido dentro de 40 años, sino por la descompensación que se observa, con matices en cada autonomía, entre los españoles empadronados – un 0,5% más en 2005 – y los extranjeros, que ascendieron un 11% en el mismo ejercicio.

Quienes han llegado a España en los últimos años afrontan el reto de asentarse en la sociedad sin que resulte fácil ni para ellos ni para quienes los reciben como compañeros de trabajo o vecinos de escalera. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, dotado con 2.000 millones de euros para cuatro años, o el Fondo de Acogida e Integración, que acaba de recibir 200 millones, constituyen sendos instrumentos para propiciar ese necesario ensamblaje social. Las distintas administraciones deben demostrar que, además de gestionar los recursos materiales disponibles, han diseñado unas políticas de integración concebidas con realismo y eficacia para no incurrir en despilfarros burocráticos.