SAN FRANCISCO.–– Entre cantos, rezos, consignas, pancartas y una intensa lluvia se celebró la “Semana de acción contra las redadas de inmigración” en esta ciudad. Líderes religiosos, activistas, organizaciones sin fines de lucro y grupos de inmigrantes ––en su mayoría latinos–– se unieron a la protesta afuera de la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) ubicada en el centro de San Francisco.

“No a las redadas, amnistía sí”, corearon los presentes en la primera de una serie de protestas que se prolongaron por una semana. Cada día —entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde— se discutieron temas en específico y se presentaron diferentes invitados: abogados, políticos locales, líderes juveniles y jornaleros, entre otros.

María Poblet, del Comité de Vivienda San Pedro, expresó que los grupos reunidos exigían un alto a las redadas que alegó están atemorizando a la comunidad.

La última demanda fue dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para que “se oponga a cualquier programa de trabajadores huéspedes y apoye una legalización integral para todos los inmigrantes indocumentados”, dijo Poblet.

Para culminar la semana de acción, el viernes 2 de marzo, una delegación marchó desde el barrio latino de la Misión hasta el edificio federal para visitar las oficinas de Pelosi, representante del octavo distrito, que incluye el condado de San Francisco.

Renee Saucedo, abogada de la organización sin fines de lucro La Raza Centro Legal, explicó que el significado de que San Francisco sea considerada ciudad santuario es “que la policía no debe colaborar con agentes de inmigración”. “Pero eso no para las redadas, lo que va a parar las redadas es presionar al gobierno federal a que no conduzca sus redadas aquí en nuestra ciudad”, añadió.

Por su parte, en entrevista telefónica, Virginia Kice, vocera de la Oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) defendió las operaciones que esa agencia está llevando a cabo en todo el país ya que dijo tienen el objetivo de restaurar la integridad del sistema de inmigración de la nación.

Kice añadió que desde el inicio del operativo “Return to Sender” (Devolver al remitente) hace cuatro meses, se han efectuado 800 arrestos en el norte de California.

Betty Cantón-Self, representante de una coalición religiosa que ofrece asistencia legal a los inmigrantes, indicó que desde que iniciaron las redadas ha aumentado también el número de llamadas telefónicas hechas a su organización “de gente que tiene miedo” y con preguntas sobre qué hacer si llegan las autoridades de inmigración.

Citó el caso de una familia que vive en la ciudad de Oakland, a 30 minutos de San Francisco, que contaba con una orden de deportación y aunque tenía un caso de apelación, decidieron irse del país. “Tenían tanto miedo del proceso que decidieron salirse. Lidiar con el sistema de las leyes es impresionante”, añadió.

Sobre la posibilidad de que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse una reforma migratoria integral, Saucedo acotó: “Yo creo que si la comunidad inmigrante y nuestros aliados los presionamos, sí, pero lo que hemos visto salir del Congreso hasta el momento nos dice que hasta los demócratas están perdidos en cuanto a qué es lo que quiere y necesita la comunidad inmigrante”.