Tegucigalpa. La Dirección General de Migración y Extranjería desmanteló una red de inspectores a quienes se les descubrió que estaban cometiendo supuestos actos de corrupción, como permitir el ingreso ilegal de personas, la salida indebida de menores de edad y cobrando sobornos.

Se investiga, además, si los oficiales de Migración estaban coludidos con el crimen organizado y el tráfico de drogas, reveló ayer German Espinal, director general de Migración y Extranjería.

El funcionario informó que hasta ahora son seis los agentes de Migración separados por presumirlos corruptos. Ellos estaban asignados a puestos fronterizos de la zona sur, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán y El Progreso.

SOBORNO Y CONTRABANDO

Espinal ilustró que estos empleados fueron investigados a raíz de las denuncias en su contra y que tienen que ver con la práctica de recibir sobornos por permitir movimientos migratorios en forma anormal, por la custodia de furgones de mercaderías desde los puertos fronterizos a la aduana central, por autorizar la salida ilegal de menores de edad y por participar en el tráfico de personas de origen chino.

Espinal mencionó el caso de la ex oficial de Migración Yamileth Aguilar, quien fue destituida de su cargo por estar involucrada en la denuncia de soborno al permitir el ingreso ilegal de ciudadanos chinos en la zona sur.

También fue destituida la oficial de Migración Dilenia Núñez, a quien se le descubrió que estaba permitiendo el movimiento de orientales en la misma zona sur. Yamileth Aguilar estuvo a punto de permitir, vía el pago de un soborno, la salida de una menor de edad cuya familia la estaba buscando.

El hecho no se concretó porque la policía intervino, tras una alerta migratoria que dictó un juzgado de Santa Rosa de Copán. Una denunciante señaló que la ex empleada de Migración había cobrado 4,000 lempiras por permitir la salida ilegal de la menor.

Otro caso es de Juan Ángel Gómez, quien fungía como subdelegado de Migración en el aeropuerto La Mesa de San Pedro Sula. Gómez fue denunciado por el consulado de Estados Unidos que detectó el sellado irregular de entradas y salidas de un ciudadano hondureño que reside en Estados Unidos.

Aparentemente, el ex subdelegado cobraba hasta 200 dólares por sellar los documentos en forma fraudulenta. El director de Migración mencionó también el caso de Rubén Rivera Merlo, que estaba destacado en el aeropuerto Golosón de La Ceiba.

Rivera Merlo fue investigado por el supuesto cobro de un soborno por permitir la salida de una niña de origen norteamericano. Igualmente han sido separados otros oficiales como Mario Pinzón y Magdalena Borjas, que son investigados por autorizar la ampliación de permanencia de extranjeros, cobrando por cada operación la cantidad de 200 dólares.

El director de Migración manifestó que los responsables de cometer estos ilícitos fueron separados de sus cargos y canceladas sus prestaciones laborales, pero al mismo tiempo han sido denunciados ante el Ministerio Público con el fin de que concluya las investigaciones y proceda criminalmente contra este tipo de personas.

Espinal comentó que la práctica del soborno y el cobro indebido por la custodia de furgones con mercadería se ha venido cometiendo en las aduanas y puertos de entrada y salida. Las compañías navieras y las personas que se embarcan como marinos han denunciado que en los puestos migratorios les hacen cobros indebidos.

LA FISCALÍA INVESTIGA

El Ministerio Público le sigue la pistas a los actos irregulares que se han presentado en las oficinas de Migración y Extranjería. Las investigaciones las ha llevado la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Para llevar adelante la investigación se ha mantenido contacto en el suministro de información con las autoridades de Migración. Dependiendo de los resultados de la investigación se determinará si se procede contra los responsables ante los tribunales de la República.

Ya en el reciente pasado, la Fiscalía actuó contra un grupo de funcionarios de Migración que estaban involucrados en la documentación irregular de extranjeros. El caso más sonado fue la destitución del entonces director Ramón Romero, quien todavía enfrenta un juicio en los tribunales de la República.