La intolerable agresión sufrida por el entrenador Juande Ramos y los bochornosos incidentes en que derivó la eliminatoria de Copa entre el Betis y el Sevilla han empañado lo que debía haber sido una fiesta de conciliación entre aficiones vecinas y han devuelto la violencia a los campos de fútbol, refugio con demasiada frecuencia de los instintos más primarios y agresivos.

Tras un brote de violencia que se emparenta peligrosamente con los recientes altercados en la Liga italiana, que costaron la vida a un policía, responsables deportivos e instituciones están obligadas a revisar críticamente no sólo la concatenación de errores que arruinaron el derbi andaluz. Unos y otros deben reflexionar sobre cómo se están aplicando los mecanismos ya previstos para tratar de atajar los comportamientos antisociales que encuentran terreno abonado en el mundo del fútbol y han de reconsiderar los principios de un modelo que prima la competitividad más exacerbada desde las categorías menores. Es exigible que el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia sancionen con la máxima dureza unos hechos tan graves como los ocurridos en el estadio bético. Y asimismo lo es que se apliquen con rigor las medidas fijadas en el Código Penal, los reglamentos de los espectáculos públicos y el propio Protocolo contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia para perseguir a aquellos que cometen las agresiones, pero también a quienes instigan y promueven la violencia frente a la deportividad.