El 54 por ciento de los niños “paseros” de la frontera
boliviano-argentina tiene menos de 14 años y en su mayoría, son hijos de campesinos e indígenas bolivianos que se quedaron sin trabajo y por menos de 75 centavos, transportan “bagayos” de más de 100 kilos de un país a otro, hasta 30 veces por día.

Los niños que no cruzan mercaderías se quedan sólos en los “canchones” predios donde los camiones descargan y desarman las cajas con lo que se va a vender y se lo entregan a los paseros o en zonas de frontera, expuestos al tráfico de personas, sobre todo, si están indocumentados.

La actividad “opera sobre una ficción legal”, explicó a Télam Oscar Castro Olivera, coordinador de un Centro de Asistencia Integral para atención alimentaria, sanitaria y educativa de niños en condiciones vulnerables que la OIM empezará a construir hoy.

“Hay una vieja norma en la frontera que permite que los vecinos crucen al otro lado para comprar mercaderías de subsistencia, pero esto se convirtió en un pasaje de bultos por cuenta de terceros para evadir impuestos”, dijo.

Castro Olivera afirmó que la explotación de los paseros responde a un problema social agudo y que los intentos por impedir los cruces, generan cortes en los pasos fornterizos porque aún en condiciones de ilegalidad y abuso, es la única manera en la que las familias que lo hacen sobrevivan.

Se trata, dijo, de migrantes rurales y urbanos de Potosí, Oruro y Cochabamba que llegaron desplazados de sus comunidades, tras el cierre de las explotaciones mineras y el cese de actividades pastoriles.

Desde la OIM subrayan que llegan a la frontera en busca de un trabajo que les permita subsistir, aunque son productores calificados en agricultura y en tejidos que terminan acarreando mercaderías porque no encuentran otra salida laboral.

“El problema aduanero no se puede solucionar si no se resuelve primero el problema social”, advirtió el especialista y señaló que la actividad es fuerte en los pasos fronterizos de La Quiaca y Villazón y entre Salvador Mazza y Pocitos: en el tercer paso, por Bermejo y Aguas Blancas, el tráfico se hace por agua.

Según los cálculos de la OIM, entre adultos y niños hay unas 3.500 personas que cruzan en cada paso con mercaderías, aunque el número de paseros depende de la demanda.

Niños y adultos se paran cerca de los “canchones” para ser reclutados a primera hora de la mañana, cargan los bagayos y cruzan de un lado al otro hasta entrada la noche.

Los que contratan son comerciantes que desarman los camiones del lado boliviano, pasan la mercadería en general, productos envasados de almacén como fideos, conservas, harina de maíz como “contrabando hormiga”, y restituyen la carga del lado argentino.

La actividad genera fuertes lesiones, según verifican los centros sanitarios de la zona: entre otras, Castro Olivera mencionó deformaciones en la columna vertebral y escoleósis.

“En el caso de los chicos, estas lesiones suelen ser
irrecuperables porque además, se suman a una alimentación
deficiente”, indicó el especialista.

La falta de documentación es otro de los problemas que más preocupa a la OIM y a los organismos de derechos humanos que trabajan en la zona: sin documentos, los niños son presa fácil del tráfico de personas y tienen problemas para inscribirse en las escuelas y recibir asistencia del Estado.

El centro de atención de la OIM cuya madrina es la hermana del presidente Evo Morales, se construirá en un predio de 400 metros en la localidad de Villazón y tendrá capacidad para asistir a unos 100 lactantes y niños en edad preescolar y escolar.

Además, se dictarán talleres de capacitación. “La única solución estratégica es fortalecer las capacidades campesinas para que la poblacion nativa no tenga de migrar, y terminar con las intermediaciones”, concluyó Castro Oliva. (Télam).-