(Firma: | ANXO GUERREIRO |)
ENTRE los numerosos problemas a los que se enfrenta el sistema educativo gallego es preciso destacar, por su evidente trascendencia, los relacionados con la financiación pública y los vinculados con la equidad del sistema.


Es bien conocido que los recursos públicos destinados a la educación reglada se sitúan en Galicia – y en España – muy por debajo de los países de nuestro entorno. Dentro de la UE (15), únicamente Grecia e Irlanda presentan niveles de gasto público educativo más bajos que nuestro país. Esta subfinanciación relativa dificulta el desarrollo de programas que podrían centrarse, entre otros objetivos, en reducir el fracaso escolar o en incentivar, mediante becas y ayudas, la incorporación a la educación secundaria posobligatoria.


Por eso, que la Xunta haya situado la educación como una de sus prioridades políticas y, en coherencia con ello, haya incrementado significativamente los recursos destinados a la escuela pública, es una decisión que merece ser convenientemente valorada y apoyada.


Pero tan relevantes como los problemas derivados de la financiación son los relacionados con la equidad del sistema. En este ámbito, resalta la intensificación que se ha producido en los últimos años del carácter dual del sistema educativo no universitario.


Buena parte de los centros privados concertados, utilizando métodos más que discutibles, han conseguido protegerse de fenómenos que afectan de forma severa a los centros públicos, como la llegada de los hijos de inmigrantes o la ampliación (no convenientemente financiada) de la escolarización obligatoria. Las clases medias comenzaron, a mediados de los noventa, una huida progresiva de los centros públicos, proceso que obedecía, por una parte, a cambios en la demanda que estos grupos sociales efectúan y, por otra, a una evidente falta de dinamismo de la oferta pública por lo que respecta a las mejoras de la calidad.


Este proceso refuerza la existencia de patrones desiguales de fracaso escolar entre diferentes grupos sociales y amenaza seriamente la equidad del sistema.


En este contexto, el decreto de la Xunta por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos es algo más que pertinente. El citado decreto obligará, a partir del próximo curso, a los centros concertados a compartir las obligaciones de la escuela pública, tanto las que derivan de la escolarización de extranjeros (en Galicia estudian ya 10.500 hijos de inmigrantes, un 15% más que el curso pasado) como las que hacen referencia a los niños con necesidades educativas especiales.


Con esta iniciativa, la Xunta de Galicia pretende revertir un proceso perverso y restablecer lo que constituye el núcleo de cualquier proyecto educativo progresista: la equidad del sistema. Parece que la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, se ha tomado en serio la necesidad de concretar las promesas de cambio. No estaría de más que el resto del Gobierno tomara buena nota y siguiera su ejemplo.